México se encamina a una grave situación de endeudamiento, la cual podría empeorar rumbo a 2025 en caso de aprobarse las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron “México Evalúa”, “México, ¿cómo vamos?” y el “Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)”.
“Aunque la recaudación tributaria ha llegado a máximos históricos, no ha sido suficiente para compensar la reducción de los ingresos petroleros. Como consecuencia, se han hecho recortes discrecionales a sectores vitales como la salud pública, la educación y la seguridad”, advierten las organizaciones en el análisis titulado “Centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil manifiestan su preocupación sobre la situación fiscal del Gobierno federal”.
Una de las advertencias que realizan es que el endeudamiento creciente podría volverse insostenible en el mediano plazo, específicamente, en 2025, cuando ya se encuentre operando la próxima administración.
“Se observa una debilidad de los ingresos públicos”, explican, destacando que, durante 2023, los ingresos crecieron, pero no lo suficiente. “Al cierre del año pasado, los ingresos del sector público llegaron a 7.04 billones de pesos, un aumento de 1% (71 mil millones de pesos –mmdp–), en términos reales, frente a lo logrado en 2022, pero se quedaron 1.2% (84 mmdp) por debajo de la meta: el segundo mayor retraso del sexenio. De hecho, en los últimos 20 años, sólo en 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, los ingresos totales se habían quedado por debajo del objetivo en 3.3% (221 mmdp)”.
Caída de los ingresos petroleros, uno de los principales riesgos
El análisis indica que en el sexenio del presidente López Obrador cayeron los ingresos petroleros, que sumaron 1.08 billones de pesos en 2023, 31% (484 mmdp) menos que en 2022, lo que representa el segundo menor monto en los últimos 15 años.
“Detrás de la caída [de los ingresos] está la reducción del precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, pero también el estancamiento de la producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex). De estos ingresos sólo el 32% le correspondió a la Federación –la menor proporción registrada desde el año 2000– debido a la reducción de la carga fiscal de Pemex”, señalan los especialistas.
Un hecho que consideran grave es que la actual administración no ha dado a conocer un plan para sustituir la caída de los ingresos petroleros. “En lo que va del sexenio, se acumula una caída de 14.5% (183 mmdp) de los ingresos petroleros, que se suma a la disminución de 44.4% (1 billón) registrada durante el sexenio del presidente Peña Nieto. De esta forma, las finanzas públicas se han ‘despetrolizado’ aceleradamente: al cierre del sexenio del presidente Fox el 40% de los ingresos provenían del petróleo; al término de la gestión del presidente Calderón la proporción era de 39%, y con Peña Nieto de 19%. Para el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ingresos petroleros estimados representaránel 14.3%.
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Si bien es cierto los ingresos tributarios tuvieron un incremento del 12%, estos “fueron insuficientes para compensar los bajos ingresos petroleros, y también fueron menores a lo programado”, añaden.
Recortes al gasto público vulneran calidad de vida de la población
Para las organizaciones firmantes, ante los menores ingresos públicos, se han aplicado recortes discrecionales al gasto público, vulnerando las oportunidades de desarrollo de las familias y la calidad de vida de la población
“Como reacción a la menor recaudación respecto de lo anticipado, el Gobierno recortó el gasto programado. Al cierre de diciembre de 2023, el gasto neto del sector público llegó a 8.1 billones de pesos, un incremento de 1.8% (147 mmdp) frente a 2022, o de 13% (911 mmdp) respecto de 2018, pero se quedó corta respecto al programa en 2.2% (180.8 mmdp)”, explicaron.
Además, denuncian que las medidas de austeridad fueron aplicadas sin planeación entre las distintas dependencias y organismos públicos, y sin considerar las necesidades de la población. Ejemplo de ello es el gasto funcional en Salud, uno de los sectores más perjudicados.
Piden analizar situación del económica del país antes de aprobar reformas
Las organizaciones advierten que, pese a las medidas discrecionales de austeridad, aún no se garantiza la estabilidad fiscal en el país.
“El ritmo de endeudamiento ha duplicado su tasa, a pesar de que durante los primeros años de la pandemia el gobierno federal no ejerció recursos adicionales para promover la actividad económica”, consideraron, por lo que “será muy difícil reducir la trayectoria de endeudamiento público en 2025 y en años posteriores, sin un incremento sustancial de los ingresos o aceleración del crecimiento económico”.
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“Hacemos un llamado a las y los legisladores a considerar la delicada situación de las finanzas públicas al momento de discutir las propuestas de reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero del presente año”, indican las organizaciones. “En particular, preocupa que las iniciativas de reforma no contemplan evaluaciones de impacto presupuestario, tal como lo marca el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFRH), ni consideran un análisis integral de los rezagos y necesidades en términos del progreso social para la población”.
Las iniciativas de reforma podrían representar incrementos importantes en las presiones de gasto para el Gobierno federal, sobre todo las referentes a incrementar la pensión de las personas jubiladas, a aumentar el salario mínimo de maestros, policías y soldados, y a reestructurar las funciones de las Empresas Productivas del Estado. Todas estas iniciativas no incluyen mecanismos de financiamiento factibles. De aprobarse las reformas como fueron propuestas, se agravaría aún más la situación de las finanzas públicas.
— Organizaciones de la Sociedad Civil
4 preguntas con:
Adriana García, coordinadora de Análisis Económico en “México, ¿cómo vamos?”
¿Cuáles son las principales preocupaciones que surgen de analizar los datos sobre el desempeño de las finanzas públicas en 2023 y las proyecciones para el Paquete Económico 2024?
– Tenemos recursos públicos insuficientes para todas las necesidades que hay que atender. Los ingresos no alcanzan para tener servicios de salud, educación de calidad, para proporcionar seguridad y, sobre todo, para gastar en infraestructura que es necesaria para el desarrollo de México.
El poco dinero que tenemos público lo estamos destinando a una petrolera que no tiene un plan de negocios viable. Vemos cómo el gobierno federal, en estos años, ha apoyado financieramente a Pemex pero ha sido para pagar parte de su deuda y para invertir en negocios como la refinación, donde México no es competitivo ni tiene la infraestructura necesaria. Estos apoyos fiscales no se han dirigido hacia inversión en perforación y explotación, donde Pemex tradicionalmente tenía una ventaja para que la renta petrolera contribuya positivamente a las finanzas públicas.
Tenemos un incremento muy importante en la deuda pública, pero parte de esa deuda no se está utilizando para financiar infraestructura o inversión productiva, que es lo que normalmente una entidad económica debería hacer. A eso es a lo que se refiere la regla de oro.
Lo que observamos en esta administración es que gran parte de la deuda se está destinando a gasto corriente. Esto quiere decir que si nos endeudamos para pagar programas sociales, éstos en un futuro no nos van a traer ingresos.
Es una bola de nieve porque, una vez que expandimos un programa social, las personas no están dispuestas a perder sus derechos porque las finanzas públicas no alcancen. Lo que estamos alertando es que el gasto corriente va a continuar y va a poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas de México.
¿Cuáles son las implicaciones en caso de que las 20 reformas constitucionales se aprueben como han sido planteadas?
– Estas recomendaciones en materia de ingresos, gobernanza del gasto y deuda están encaminadas a quitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
México es una democracia con pesos y contrapesos. Lo que pedimos es que haya un debate público y, sobre todo, en materia de gobernanza, crear un Consejo Fiscal, que es esta figura que estudia las propuestas del Ejecutivo y es lo que veíamos en el paquete de reformas del 5 de febrero. Tenemos 20 reformas, 18 constitucionales, pero no nos dicen de dónde se va a financiar.
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AMLO decía que algunos recursos se obtendrían de rubros como los ingresos del Tren Maya o los fideicomisos del Poder Judicial
– Hay algo muy importante que es buscar la viabilidad financiera de pagar gastos recurrentes con ingresos recurrentes. Esa es la propuesta: ¿Vamos a eliminar los contrapesos de la democracia y vamos a financiar un incremento en las pensiones contributivas? (que por cierto, es un universo muy pequeño en comparación con todos los mexicanos porque son solamente las personas que estuvieron en la formalidad y se jubilaron y tienen una pensión menor a 16 mil pesos mensuales).
Entonces, hay que valorar si echamos por la borda las instituciones para beneficio de unos cuántos y que no nos va a crear capacidades para que México sea más productivo, tenga más dinero y un mejor desarrollo en el futuro.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos al respecto?
– Lo que nos gustaría en México Cómo Vamos es que comprendamos que el dinero público no es el dinero que produce Pemex. No llega ni a dos de cada diez pesos de los ingresos públicos. Sino que los ingresos públicos son nuestro dinero.
La mayor contribución la hacemos a través de nuestros impuestos y a quien diga que los que tienen un trabajo informal no pagan impuestos, no es verdad, porque ahí está el IVA, ahí está el IEPS. Entonces, el mensaje es: el dinero público es nuestro dinero y debe ser utilizado para mejorar nuestra calidad de vida. Si no está mejorando nuestra calidad de vida, pidamos rendición de cuentas y para ello necesitamos proteger nuestras instituciones.
