La forma en que se comercializan las armas en Estados Unidos podría cambiar drásticamente en los próximos meses, en caso de que tenga éxito una de las demandas civiles que México ha presentado en ese país en contra de los fabricantes y tiendas de armas, a quienes acusa de haber equipado -de una manera u otra- a cárteles del narcotráfico.
El pasado 22 de febrero se realizó la primera audiencia en el caso de México en contra de vendedoras de armas en Tucson, Arizona, que inició en octubre de 2022 contra cinco tiendas de armas ubicadas en el estado de Arizona que, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder al país.
Las tiendas demandadas fueron Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports, INC. (Yuma).
“Dichas tiendas solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona desestimar el caso, alegando que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) les ofrece inmunidad procesal y por tanto, no pueden ser demandadas. Además, indicaron que las empresas demandadas contribuyen con un número marginal al total de armas traficadas que llegan a México. Añadieron que el número de personas que fallecen por causas no relacionadas con armas de fuego es mucho más alto que los fallecimientos por armas de fuego”, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Sin embargo, el Gobierno de México sostuvo que la ley PLCAA no tiene efectos extraterritoriales cuando el daño de las prácticas comerciales ocurre en México. Además, afirmó que existe información suficiente para identificar que las empresas incurren en prácticas comerciales que permiten el tráfico de armas al país.
“En congruencia, con la vocación de contar con una diplomacia cercana a la gente, el Gobierno de México enfatizó que, aunque las empresas estimen que es marginal el número de armas traficadas que sean atribuibles a sus ventas, éstas producen muerte y dolor en nuestro país. Por ello, es irrelevante si se trata de muchas o pocas armas las que llegan ilícitamente a nuestro territorio como consecuencia de prácticas comerciales descuidadas. México insistió en la importancia de acabar con el tráfico de armas y en la necesidad de que las empresas que las venden contribuyan a este fin, conduciendo sus actividades de manera responsable y cuidadosa”.
Esta audiencia se celebró a un mes de la emisión de la sentencia favorable a México, redactada por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, en el marco de su litigio presentado en Boston en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas. En dicha sentencia, la Corte de Apelaciones estableció que las empresas no gozan de inmunidad cuando con sus prácticas comerciales negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas a México. “En el presente caso, la Corte de Distrito de Arizona podría aplicar el mismo criterio”, advierte la SRE.
La sentencia de este litigio se emitirá en los próximos meses, destaca la SRE. “El Gobierno de México está convencido de que le asiste la razón legal y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará agotando todas las instancias legales con ese fin”, concluyó.
Demanda de México puede obligar a las empresas a cambiar la forma en que hacen negocios
Para Timothy D. Lytton, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, la demanda de México podría cambiar ‘las reglas del juego’ de la industria armamentista.
“La demanda busca 10 mil millones de dólares en daños y una orden judicial para obligar a las empresas a cambiar la forma en que hacen negocios. En enero, un tribunal federal de apelaciones en Boston decidió que el escudo de inmunidad de la industria, que hasta ahora ha protegido a los fabricantes de armas de responsabilidad civil, no se aplica a la demanda de México”, comentó en su artículo: “México está demandando a fabricantes de armas estadounidenses por armar a sus bandas, y un tribunal estadounidense podría conceder miles de millones en daños y perjuicios”, publicado en el sitio The Conversation.
“Como jurista que ha analizado demandas contra la industria de las armas durante más de 25 años, creo que esta decisión de permitir que proceda la demanda de México podría cambiar las reglas del juego”, añadió.
Lytton afirma que México ahora necesita presentar pruebas que demuestren sus acusaciones de que la industria no sólo está consciente del tráfico ilegal de armas, sino que lo facilita activamente.
“Para ganar, México necesitará convencer a un jurado de Boston de que las elecciones de diseño, las campañas de marketing y las prácticas de distribución de los fabricantes están lo suficientemente conectadas con la delincuencia callejera en México como para considerar a las empresas responsables del problema. Esto se conoce como “causa próxima” en la ley”, explicó Lytton.
“Si México gana el juicio, su demanda de 10 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios podría llevar a la quiebra a varios de los mayores fabricantes de armas de fuego del país. Incluso si el caso se resolviera por mucho menos, una victoria de México proporcionaría un modelo para una ola de demandas futuras que podrían cambiar la forma en que opera la industria de las armas”, añadió el especialista.
Como ejemplo, el profesor de la Universidad Estal de Georgia recuerda la experiencia de la industria farmacéutica ante la crisis por opioides y fentanilo. “Teorías similares sobre diseños de productos peligrosos, marketing irresponsable y prácticas de distribución imprudentes en litigios por opioides han transformado la industria farmacéutica. Las demandas civiles han obligado a los fabricantes de medicamentos a asumir la responsabilidad pública de una crisis de salud a nivel nacional, revisar la forma en que hacen negocios y pagar miles de millones de dólares en sentencias y acuerdos. La demanda de México ofrece la posibilidad de que la industria armamentista sea la siguiente”, concluyó.
4 preguntas con
Timothy D. Lytton, profesor Regents y p rofesor de Derecho del Centro de Derecho, Salud y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia.
¿Qué panorama podría darse en los próximos meses en la demanda de México contra las tiendas de armas?
– Las víctimas de la violencia armada y las entidades gubernamentales han estado demandando a los fabricantes y vendedores de armas de fuego por lesiones derivadas del uso indebido delictivo de las mismas, desde la década de 1990.
En 2005, el gobierno federal otorgó inmunidad a los fabricantes y vendedores, frente a demandas derivadas del uso indebido de armas. Si bien esta inmunidad es amplia, no es absoluta.
Según la ley, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), un fabricante o vendedor no es inmune a una demanda si “violó a sabiendas un estatuto estatal o federal aplicable a la venta o comercialización de [un arma de fuego]”. Antes y después de la aprobación de la ley de inmunidad de 2005, algunos demandantes han tenido éxito en demandas contra vendedores minoristas (es decir, tiendas de armas).
En esas demandas posteriores a la PLCAA, los demandantes pudieron demostrar que el vendedor minorista sabía que la venta de un arma era ilegal. Las demandas suelen mostrar que las tiendas minoristas facilitaron la compra ilegal de un arma. Antes de la aprobación de la PLCAA, ningún demandante obtuvo un veredicto del jurado irrevocable contra un fabricante de armas, aunque varios casos inicialmente sobrevivieron al despido y posteriormente fueron desestimados cuando la PLCAA entró en vigor. Ha habido algunos acuerdos con fabricantes de armas desde 2005, el más famoso en el caso Sandy Hook, donde Remington Arms se declaró en quiebra y los demandantes obtuvieron 73 millones de dólares estadounidenses en el acuerdo de quiebra.
México ha presentado dos demandas. Uno contra las tiendas de armas y otro contra los fabricantes de armas. En el primero, México alega que las armerías violaron a sabiendas las leyes federales que rigen la venta de armas de fuego. Esta teoría no es nueva. Si el caso gana, sería una advertencia importante para las tiendas de armas cercanas a la frontera, pero no sentaría un nuevo precedente legal. Demandas similares han tenido éxito en otros lugares de Estados Unidos incluso después de la PLCAA.
En la demanda de México contra los fabricantes de armas, México afirmó dos teorías relevantes para la inmunidad PLCAA. La primera teoría era que la inmunidad PLCAA no se extendía a las demandas presentadas por entidades extranjeras por uso ilegal de armas que ocurrieron fuera de los EE. UU. Los tribunales federales de Boston donde se presentó el caso rechazaron esta teoría. Este habría sido un nuevo precedente dramático. La segunda teoría es que los fabricantes de armas violaron a sabiendas las leyes federales que rigen la venta de armas al ayudar e incitar a las ventas ilegales por parte de tiendas minoristas que venden ilegalmente grandes cantidades de armas a traficantes de armas que las introducen en México. Como expliqué en mi artículo en The Conversation:
En respuesta, los fabricantes de armas insisten en que el intento de México de responsabilizarlos legalmente por la actividad criminal de otros es precisamente el tipo de demanda que el escudo de inmunidad federal fue diseñado para bloquear. Argumentan que simplemente vender un producto que alguien luego utiliza para cometer un delito no constituye una violación de la ley federal que privaría a un fabricante de inmunidad. Además, los fabricantes de armas afirman que, incluso si la demanda de México no estuviera prohibida por la ley de inmunidad, no tienen ningún deber legal de prevenir la violencia criminal que ocurre fuera de Estados Unidos.
¿Cómo han respondido los fabricantes de armas a la demanda, particularmente en términos de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos?
– La jueza en la demanda de México contra los minoristas de armas ha indicado que puede retrasar la decisión en ese caso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si acepta la apelación de los fabricantes de armas.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para la industria armamentista si México gana la demanda?
– Que México tenga éxito depende de dos cuestiones abiertas. (1) ¿Aceptará la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación de los fabricantes de armas en esta etapa del litigio antes del juicio y, de ser así, aceptará la Corte la teoría de México como un medio para evitar la inmunidad PLCAA? (2) ¿Puede México proporcionar pruebas de que los fabricantes de armas no sólo conocen las ventas ilegales en las tiendas de armas sino que facilitan intencionalmente esas ventas? Además, México tendrá que convencer a un jurado de que la conducta de los fabricantes de armas está tan estrechamente relacionada con el crimen en México que sería justo responsabilizar a los fabricantes. (Esto se llama “causa próxima” en la ley).
¿Qué esperar al respecto?
– Si la demanda de México puede demostrar que los fabricantes de armas estadounidenses no sólo conocen sino que intencionalmente facilitan las ventas ilegales como parte de su modelo de negocios, la demanda podría imponer responsabilidad civil o mandatos judiciales para poner fin a esta supuesta práctica. Sin embargo, si México no puede probar que los fabricantes de armas estadounidenses facilitan intencionalmente las ventas minoristas ilegales, el caso no tendrá éxito y no creo que tenga ninguna influencia en la industria.
Sin embargo, incluso si el caso fracasa, creo que ya ha centrado gran parte de la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos en el problema del tráfico ilegal de armas entre Estados Unidos y México.
