La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó que entrara en vigor la ley SB4 en Texas, la cual un día antes fue suspendida indefinidamente por la Corte Suprema; sin embargo, la decisión del juez Samuel Alito fue revocada por seis de los nueve integrantes de Corte, quienes se identifican con una postura conservadora y fallaron a favor de Texas.
Se argumentó que levantar la suspensión fue porque primero una corte de apelaciones debe determinar si la ley, impulsada por el gobernador Greg Abbott, es constitucional o no y luego pasar a la Corte Suprema.
El gobierno mexicano destacó que esa ley fomentará la criminalización, separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de los migrantes.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.
Asimismo, alertó por la posibilidad que se pongan en riesgo los derechos humanos de 10 millones de personas de origen mexicano que viven en Texas, pues sobre ellos se podrían ejercer expresiones de odio y discriminación.
Ante esta situación, la SRE afirmó que no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones realizadas por Texas, ya que se necesita establecer una estrategia migratoria entre ambas naciones para que ésta sea segura y ordenada, en donde decisiones legislativas del orden estatal o local no afecten el tránsito de las personas.
“Para velar por los intereses de México y de sus nacionales en Estados Unidos, el gobierno de México participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana, para informar sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos”.
Esto también se realizó con otra leyes polémicas contra los migrantes, como fue la ley SB1070 de Arizona, en 2010; HB 56 de Alabama, en 2011 y SB4 de Texas, en 2017. Además, desde noviembre pasado se reunió a cónsules de protección en Texas para coordinar acciones ante una eventual entrada en vigor de la ley, también brindará asistencias en sus 11 representaciones en Texas y en el Consulado de Albuquerque.
