La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión del amparo otorgado en septiembre de 2023 por la jueza federal Celina Quintero a favor de un alumno que se niega a pagar los 5 mil pesos de inscripción para una especialidad en la Facultad de Derecho.
La jueza determinó que la Universidad está obligada, a partir del ciclo escolar 2022-2023, a implementar la oferta de educación superior gratuita, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución Mexicana, que establece:
‘Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-— impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforma la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias; la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo’.
Gratuidad en la educación superior
La Segunda Sala de la SCJN ha aceptado el recurso para su revisión, por lo que los ministros analizarán la cuestión de la gratuidad en la educación superior, que ahora es obligatoria después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la elevara a rango constitucional.
Cabe señalar que el máximo tribunal del país discutió este tema por última vez en 2016, cuando la Constitución no preveía la gratuidad ni la obligatoriedad de la educación superior, aunque algunas constituciones estatales como la Michoacán sí lo hacían.
En esa ocasión, la Primera Sala determinó que la educación superior podría o no ser gratuita, pero si algún estado establecía la gratuidad como derecho humano en su Constitución, entonces las universidades debían acatar ese mandato. Por lo tanto, si los cuatro ministros de la sala determinan que la gratuidad ya es obligatoria, esto afectaría a todas las universidades del país.
