En San Luis Potosí se dio el más reciente y notorio caso en donde los partidos políticos utilizan la figura de acciones afirmativas para garantizar candidaturas y cumplir con cuotas en grupos subrepresentados como en el caso de indígenas, afrodescendientes, discapacitados o comunidad LGBTTIQ+, al postular el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a dos hombres a cargos de elección popular pero los registró como mujeres.
En las listas de registro aparece José Reyes Martínez Rojas como aspirante a la alcaldía de Venado y Daniel Alfonso Zavala de la Rosa, a la alcaldía de Villa Arista, respectivamente; sin embargo en lugar de decir masculino, en ambos casos dice género femenino, lo cual, según advierte el exconsejero Jaime Cárdenas, es un fraude jurídico que implica una violación a la ley y debe ser castigado.
El antecedente: las llamadas “Juanitas” de la LXI Legislatura
Como antecedente de esta fórmula para “cumplir” con las cuotas de estos grupos de la sociedad, podemos recordar el caso de las llamadas “Juanitas”, cuando ocho mujeres de distintos partidos políticos llegaron al Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, pero renunciaron días después de tomar protesta para que sus suplentes, todos ellos hombres, desempeñaran el cargo de diputados.
El nombre de “Juanitas” se dio en alusión a Rafael Acosta “Juanito”, quien contendió en 2009 a la entonces Delegación de Iztapalapa por el PRD para ceder su lugar a Clara Brugada, a petición de Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de México.
Diputados que ni son indígenas ni son migrantes
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), las acciones afirmativas son medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades.
Fue gracias a esos criterios que se logró que 65 fórmulas de personas pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad tuvieran un lugar en la Cámara de Diputados; sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada por el periodista Ernesto Aroche, a la LXV legislatura, llegaron ocho legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios argumentando su origen indígena y ninguno de ellos pudo comprobar pertenecer a esos grupos.
Estos legisladores son:
- José Antonio Estefan Guillesen del PVEM
- Sayonara Vargas Rodríguez y Brasil Alberto Acosta Peña del PRI
- Genoveva Huerta Villegas y Karla Verónica González Cruz del PAN
- Manuela del Carmen Obrador Narváez de Morena
- Roberto Antonio Rubio Montejo y Fátima Almendra Cruz Montejo de la coalición Morena, PT, PVEM
En tanto que Jorge Alberto Insunza Armas y Eliseo Compeán Fernández son diputados migrantes por el PAN, cuando en realidad no cumplen esa condición; mientras que Andrés Pintos Caballero de Movimiento Ciudadano adujo como acción afirmativa ser una persona con discapacidad, ya que si le quitan los lentes “no ve nada”.
Sin embargo esta simulación se replica a lo largo y ancho del país, ya que en Sonora, Michoacán, Tlaxcala y el Estado de México, denunciaron casos de acciones afirmativas, en donde los candidatos no son discapacitados, no son afrodescendientes, no son indígenas o no son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.
La situación incluso se evidenció en redes sociales por diversos colectivos que manifestaron su preocupación ante esta fórmula que tienen los partidos políticos para usurpar las acciones afirmativas con personas que no pertenecen a estos sectores de la población.
Simulación en acciones afirmativas es fraude jurídico: exconsejero del IFE
Sobre el tema, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, Jaime Cárdenas, expuso en entrevista con Publimetro que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “deben hilar fino para actuar contra este tipo de fraude jurídico”.
Cuestionado sobre si existen sanciones para aplicar ante este tipo de simulaciones, respondió que las autoridades electorales deben investigar los hechos y la sanción como tal sería una sanción genérica de violación a la ley, es decir algo de tipo administrativo.
Aceptó que hay un problema en torno a la forma en como se adscriben las personas a determinados grupos de la sociedad, en este caso, indígenas, afromexicanos, discapacitados, migrantes, etcétera, y subrayó que lo que no está bien es que los partidos políticos hagan este tipo de simulaciones.
En tanto, Gerardo Andrés Jiménez Saiz, especialista en derecho, manifestó que este tipo de situaciones prostituyen las leyes y sirven para que los partidos políticos obtengan sus cuotas tanto de género como de representación proporcional.
“Todos los mexicanos podemos decir en determinado momento que tenemos un origen indígena pero la cuota es para tener una representación popular de los grupos vulnerables, como en el caso de los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados o la comunidad LGBTTIQ+”, concluyó.
