El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, respondió a los señalamientos sobre unasupuesta investigación en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.
De acuerdo con la UIF, no se cuenta con ningún proceso en contra de los personajes antes mencionados, ni en contra de ninguna otra persona que se dedique al periodismo.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”, explicó el funcionario federal.
“La base para formular una denuncia es lo que el Sistema Financiero le informa al Gobierno de México, no investigamos, no llevamos ningún archivo en relación con lo que expresan o mencionan los medios de comunicación ni los periodistas ni la gente en las redes abiertas”, agregó.
Gómez rindió el informe que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó la semana pasada, después de que la periodista Peniley Ramírez reveló la supuesta indagatoria en contra de los colaboradores de Latinus.
“De las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial Latinus”
— Pablo Gómez, titular de la UIF
Consorcio Latinus
Gómez expuso que Latinus está integrado por cinco empresas, Latinus Media Group constituido en 2020, teniendo a Christian González Guadarrama, así como otras empresas, dos de ellas usadas como “instrumentales” que, aseguró, cobran a través de entidades públicas. Las entidades reciben cantidades por productos farmacéuticas de otras empresas que sí funcionan para ello, según explicó.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo”, reveló, cuya suma asciende a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Además, detalló que la denuncia contra el consorcio es por lavado de dinero y vinculado a corrupción, del 20 de mayo de 2021, una situación que según el Gobierno de México, no es reciente.
