De enero de 2019 a mayo de 2024, las corporaciones de seguridad acumularon 4 mil 800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo anterior se desprende del informe sobre autoridades federales que presentó Causa en Común este miércoles en el Senado de la República.
Por ello, el organismo propone que se desmilitarice la seguridad pública y se construya una corporación policial federal de carácter plenamente civil, a la par que se reestablezcan e incrementen los presupuestos federales y locales para el desarrollo policial y establecer objetivos y auditorías a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
María Elena Morera, directora general del organismo, subrayó que el proyecto de seguridad en curso es inútil para enfrentar a las organizaciones criminales y resulta incompatible con nuestro sistema democrático.
Destacó la importancia de sumar esfuerzos y perspectivas desde la sociedad civil para implementar una auténtica estrategia de seguridad, eficaz, civil y respetuosa de los derechos humanos.
Resaltó la creciente opacidad gubernamental que impide la necesaria supervisión ciudadana de los procesos de militarización que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la par que las fuerzas armadas han asumido el control de instituciones, presupuestos y obras civiles.
Por su parte, el Senador Emilio Álvarez Icaza mencionó que, en materia de seguridad, prevalecen condiciones de extraordinaria opacidad y alertó que la contrarreforma que se promueve al artículo 129 constitucional, relativo a las funciones de las corporaciones de seguridad en tiempos de paz, pretende abrirles una esfera de acción ilimitada.
Al respecto, fue enfático al explicar sobre las acciones que realizan en detrimento de instituciones civiles, y la señal ominosa que implica utilizarlas como instrumento contra el Poder Judicial.
Por su parte, Carla Erika Ureña, abogada y activista, destacó que, después de cinco años, seguimos sin conocer bajo qué directrices opera la Guardia Nacional, ni cuáles son los objetivos que persigue. A su vez, lamentó que el país esté avanzando hacia un escenario en el que las corporaciones de seguridad tendrán presencia en todos los aspectos de la vida civil, sin vías institucionales para el acceso a la información, y sin una instancia que regule y vigile su desempeño.
