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Organizaciones claman una ‘verdadera política de seguridad’ para frenar homicidios récord

El gobierno del presidente López Obrador supera en homicidios dolosos a sus antecesores, por lo que Causa en Común plantea puntos concretos para recuperar la seguridad

Seguridad
Seguridad Homicidio doloso en este sexenio supera a sus antecesores (Rogelio Morales Ponce)

En este gobierno con cifras a junio de 2024 se cometieron 185 mil 255 homicidios dolosos de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con ello la actual administración superó a sus antecesoras que registraron 150 mil homicidios en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 122 mil durante el sexenio de Felipe Calderón.

El peor mes para el delito de homicidio doloso de todo el sexenio fue marzo de 2020 con dos mil 633 asesinatos, posteriormente se ubicó mayo de 2021 con dos mil 600, le siguió junio de 2019 con dos mil 565, seguido de mayo de 2022 con dos mil 431 asesinatos, asimismo mayo de 2024 se ubicó con dos mil 281 asesinatos, en tanto que junio de 2023 registró dos mil 183 crímenes.

Cabe destacar que el total de delitos del fuero común en 2023 fue de dos millones 173 mil 508, en tanto que el total de delitos para el primer semestre de 2024 fue de un millón 071 mil 366, lo que significa una diferencia de un millón 102 mil 142, es decir el 49%.

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil han realizado propuestas para lograr una verdadera política de seguridad, una de ellas Causa en Común considera que son necesarias 18 medidas para construir seguridad y justicia.

‘Abrazos para los criminales, balazos para los ciudadanos’

En entrevista con Publimetro, la presidenta del organismo, María Elena Morera, expuso que este gobierno no quiso escuchar las propuestas y se alejó de la sociedad civil y de los expertos en materia de seguridad, con una propuesta de ‘Abrazos para los criminales y balazos para los ciudadanos’.

Resaltó que es innegable el deterioro institucional de las corporaciones policíacas y de las fiscalías estatales, además del grave problema que significa la desaparición de aproximadamente 50 mil personas durante todo el sexenio.

Explicó que es necesario un Gran Pacto Nacional en materia de seguridad para acabar con la división y la polarización que existe en el país y que se establezcan políticas públicas transexenales y no ‘andar inventando el hilo negro’ cada seis años.

Confianza en García Harfuch

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, manifestó su confianza hacia el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de quien dijo que ha manifestado públicamente que fortalecerá a las policías estatales y municipales, así como a las fiscalías y a nivel federal hacer inteligencia e investigación, lo cual podría ser mediante la actual Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Al abundar sobre el tema de las desapariciones explicó que no se llevó a cabo el Centro Nacional Forense y desafortunadamente hay miles y miles de cuerpos sin identificar en los diversos Servicios Médicos Forenses del país.

“Es criminal lo que se hizo con los familiares de los desaparecidos y especialmente con las madres que encabezan estas búsquedas, quienes a lo largo y ancho del país no han recibido el apoyo necesario y que día a día se mantienen en esta lucha por encontrar a sus seres queridos”.

Propuestas para construir seguridad y justicia

Causa en Común tiene una propuesta que contempla 18 ejes para construir seguridad y justicia.

Reconstrucción institucional:

1. Retomar la red institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer a policías, fiscalías y centros penitenciarios, definir estrategias nacionales, y acordar distribución de responsabilidades.

2. Impulsar el incremento de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado a las entidades federativas, y recuperar los fondos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a municipios.

3. Crear un Servicio Nacional de Policía, a cargo de la formación inicial y profesionalización en los tres ámbitos de gobierno, y de un programa nacional para la homologación y mejora de las condiciones de trabajo de todos los policías del país.

4. Promover fiscalías autónomas, impulsar planes de persecución penal, fortalecer las unidades de atención a víctimas y promover mecanismos alternativos de solución de controversias.

5. Ejecutar un plan para recuperar el control de todos los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de vida de los presos.

6. En colaboración con el Poder Judicial, poner en marcha un plan para incrementar el número de juzgados y agilizar la impartición de justicia.

7. Recuperar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y añadirle la facultad de emitir resoluciones vinculantes y sanciones contra instituciones y particulares responsables de violar derechos humanos.

8. Edificar un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como lo marca la ley, y recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

9. Reestablecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, rasurado por el gobierno federal, e incrementar los recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda.

Políticas Públicas:

10. En coordinación con las Fuerzas Armadas, poner en marcha un plan de repliegue inmediato de elementos militares a sus funciones constitucionales.

11. Acatar el mandato constitucional de construir una corporación policial federal de carácter civil.

12. Emprender la desarticulación de las organizaciones criminales mediante acciones directas sustentadas en labores de inteligencia, y otorgar a las policías y fiscalías estatales facultades de investigación y persecución de estas organizaciones.

13. Reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

14. Despenalizar las drogas regulando su producción, distribución y comercialización para uso médico y recreativo, e invertir en programas de rehabilitación y consumo responsable.

15. Definir y aplicar una política migratoria que contemple agilizar trámites de asilo y repatriaciones seguras y ordenadas.

16. Promover campañas enfocadas a incrementar la denuncia ciudadana.

17. Impulsar programas enfocados al respeto de la legalidad, la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género.

18. Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos.

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