Pese a que el gobierno federal asegura que la eliminación de siete organismos autónomos por onerosos y ser parte de la “burocracia dorada”, que representan un presupuesto anual aproximado de 4 mil 712 millones de pesos, significará ahorros que se podrían canalizar a programas sociales, especialistas de México Evalúa y de la consultoría Integralia, advierten que se trata de dependencias que garantizan la transparencia y regulación, mientras que la eliminación implica un gasto oneroso que no se ha dimensionado.
Para este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó un gasto de mil 680 millones de pesos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de mil 097 para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), 687 millones de pesos para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 626 millones de pesos para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu), 285 millones de pesos para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 247 millones de pesos para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y 90 millones de pesos para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá la propuesta de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar los organismos, que según el gobierno federal requirieron 32 mil 300 millones de pesos para su funcionamiento durante este sexenio.
El IFT es el que más recursos recibió con alrededor 11 mil 400 millones de pesos de presupuesto entre 2018 y 2024. Asimismo le sigue el Inai con más de 6 mil 900 millones de pesos y la Cofece que supera los 4 mil 300 millones de pesos.
Según el gobierno, el ahorro permitiría apoyar a alrededor de cinco millones de adultos mayores extra de los que actualmente reciben la Pensión del Bienestar, pero especialistas encienden las alertas por los riesgos de eliminar las funciones que estos organismos representan, que al absorberlas algunas otras dependencias de gobierno se convertirían en juez y parte.
No obstante, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa, advirtió que con esta transferencia que se hará de organismos a secretarías cabeza de sector nos volveremos un país más opaco y tendremos un retroceso de al menos 70 años, en todo lo que hemos avanzado durante décadas.
Resaltó además que el presidente Andrés Manuel López Obrador no desdeña la función de estos organismos autónomos porque ha señalado que no desaparecerán sino que se integrarán a algunas secretarías e incluso en el caso del Inai a la Oficina de la Presidencia de la República que en el próximo gobierno coordinará Lázaro Cárdenas Batel.
“El gobierno no podría absorber el gasto de liquidar a los trabajadores de estos organismos autónomos, no le alcanzaría el dinero, lo que se pretende a grandes rasgos es eliminar a los presidentes, vicepresidentes y directores generales de ellos y probablemente tener ahí un ahorro, el cual no sería relevante”, explicó.
Por su parte, Jafet Sánchez Romero, consultor senior del sector financiero en Integralia Consultores resaltó que la iniciativa presidencial ‘es sumamente peligrosa’ y se corre el riesgo de que viole algunos tratados internacionales como en el caso de la Cofece, en donde incluso podría entrar en controversia con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además resaltó que con estas señales que está mandando el gobierno tanto en torno a la reforma al Poder Judicial como en relación a la ‘eliminación’ de los organismos autónomos, las calificadoras internacionales pueden bajar el grado de inversión a México para 2025.
Malas noticias: se fusionarán 16 organismos más
Pero la eliminación de órganos autónomos no sería el único cambio en la administración pública, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, esbozó que pretende fusionar 16 organismos y desaparecer a la Secretaría de la Función Pública para dar paso a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Entre los organismos señalados se encuentran el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con las respectivas secretarías que son cabezas de sector para eficientar su operación.
De acuerdo con el documento titulado Cien pasos para la Transformación, la presidenta electa considera necesaria una reforma profunda al interior del gobierno y para lograrlo se requiere el uso eficiente de los recursos del Estado.
Propone cambios también en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, así como el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
De igual manera el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el uso eficiente de Energía.
Asimismo el Instituto Nacional de la Economía Social, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Publicaciones, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
