De acuerdo con una convocatoria lanzada en redes sociales, el próximo 1 de septiembre se invita a ciudadanos y estudiantes de diferentes universidades de México a movilizarse en una marcha identificada “La justicia no se vota”.
Esta manifestación está programada para iniciar a las 9:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con dirección a la sede del Senado de la República en la Ciudad de México y tiene el objetivo de mostrar su inconformidad respecto a la propuesta de Reforma Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe destacar que este evento se llevará a cabo en el mismo día en el que se pronunciará el último informe de gobierno de López Obrador, cuya administración está llegando a la recta final.
La protesta está prevista para comenzar una hora antes del informe presidencial, que se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México; quienes decidan participar deben ir vestidos de blanco y se espera que lleven carteles en oposición a la Reforma Judicial.
El origen estudiantil de la Marcha Nacional
La iniciativa estudiantil surgió a raíz de un pronunciamiento reciente realizado por las sociedades de alumnos de facultades y escuelas de derecho a nivel nacional. Este pronunciamiento ha marcado el inicio de un movimiento significativo impulsado por las sociedades estudiantiles que han decidido extender su protesta más allá de las redes sociales, buscando una visibilidad tangible en las calles y espacios de decisión pública.
El mensaje difundido en las redes sociales incluye los hashtags #NoHayFuturoSinJusticia y #NoHayJuventudSinPJ, que han servido para articular y amplificar las demandas de los jóvenes participantes. Estos estudiantes consideran que la Reforma Judicial propuesta representa una amenaza a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
De esta manera, los organizadores esperan que este evento no sólo sea una expresión de rechazo a la reforma, sino también una oportunidad para que las voces de los jóvenes sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones, tomando un papel activo en la configuración de su futuro político y judicial.
¿De qué va la Reforma Judicial de AMLO?
Uno de los cambios más destacados es la reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasará de 11 a 9. Además, se propone eliminar las dos Salas existentes para que el Pleno de la Corte se encargue de todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal. Esta modificación busca simplificar el proceso de deliberación y garantizar que las sesiones del pleno sean públicas, conforme a los términos que establezca la ley.
El periodo de los ministros también será ajustado, reduciéndose a 12 años improrrogables, en lugar de los 15 años actuales. Esta medida pretende alinear la duración del mandato con el periodo máximo de otros cargos de elección popular, como los diputados federales y senadores.
De igual forma, el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, será reducido a seis años improrrogables. Además, la presidencia del Tribunal Electoral, al igual que la de la Suprema Corte, será determinada por la mayoría de votos, en lugar de ser elegida por sus integrantes.
Otro de los puntos polémicos de la reforma es la elección directa y secreta de ministros, magistrados, jueces y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial por parte de la ciudadanía. Es así que se propondrá una lista de 30 aspirantes a ministros, con 10 candidatos propuestos por el presidente, otros 10 por el Congreso y 10 más por la Suprema Corte.
Por otro lado, una elección extraordinaria se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 para renovar la totalidad de los ministros, así como los cargos vacantes de jueces y magistrados. Los candidatos podrán acceder igualitariamente a medios de comunicación para sus campañas, las cuales durarán 90 días sin financiamiento de partidos ni precampañas.
La reforma también prohíbe la creación y funcionamiento de fideicomisos en el Poder Judicial, y restringe la suspensión de normas a través de controversias y amparos. Los sueldos de todos los funcionarios del Poder Judicial, tanto federales como estatales, no podrán exceder el salario del presidente de la República.
Finalmente, se establece que los ministros y ministras actuales que deseen recibir su pensión vitalicia deberán presentar su renuncia a finales de octubre, aunque permanecerán en sus cargos hasta el 31 de agosto de 2025.
