La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por el Senado de la República la madrugada del 11 de septiembre, justo a unos días de acabar su sexenio.
Tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada del bloque de la 4T (Morena-PT-PVEM) facilitó su paso, la iniciativa encontró mayores resistencias en el Senado, donde Morena y sus aliados necesitaban un voto adicional para alcanzar la mayoría calificada.
La discusión sobre la reforma, que propone la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la creación de un nuevo órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, se intensificó durante la sesión en el Senado, ya que manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del recinto legislativo ingresaron hasta el pleno, lo que provocó que se suspendiera la sesión.
Por otro lado, los partidos de oposición (PRI-PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) denunciaron presiones, chantajes y hasta detenciones ilegales por parte de la 4T, alegando que estos métodos se utilizaron para obtener el voto crucial que permitió la aprobación final, concretada con el voto número 86 del panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
¿Cuál es el siguiente paso de la Reforma Judicial?
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la reforma debe ser ratificada por al menos 17 congresos estatales para completar el proceso de enmienda constitucional, un trámite que una vez más resulta relativamente sencillo para Morena, pues gobierna 24 entidades tras las elecciones del pasado 2 de junio.
Hasta el momento, los congresos de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Morelos, Nayarit, Colima, Yucatán, Baja California Sur y Durango han aprobado la reforma, mientras que el Congreso de Querétaro la ha rechazado.
Los congresos de Baja California, Puebla, Campeche, Durango, Nuevo León aún tienen sesiones programadas para este 11 de septiembre. Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Tlaxcala discutirán la reforma el 12 de septiembre, y los congresos de Hidalgo y Chiapas lo harán el 13 y 14 de septiembre, respectivamente.
¿Por qué es necesaria la aprobación de los congresos locales?
Al ser México una República Federal, es necesario que los estados aprueben reformas constitucionales para que se hagan efectivas. Este mecanismo asegura el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma constitucional debe ser respaldada por dos tercios del Congreso de la Unión, lo cual ya sucedió con la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, y por la mayoría de las legislaturas estatales, es decir, al menos 17 de los 32 estados, situación que podría alcanzarse hasta el 14 de septiembre.
¿Cuándo serán las elecciones de ministros, jueces y magistrados?
La elección popular de más de mil 600 cargos judiciales, que incluyen ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito es el punto más polémico de la iniciativa presidencial.
En ese sentido, dichas elecciones se llevarían a cabo en dos fases: en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la SCJN como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del nuevo Órgano de Administración, además de la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se completaría con la elección del resto, y la organización de estas elecciones estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, la reforma también contempla la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9. La presidencia de la Corte será renovada cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidato.
De esta manera, los ministros electos permanecerán en el cargo durante ocho, 11 o 14 años, dependiendo de los votos recibidos, con los más votados teniendo un periodo más largo. Los actuales ministros que no sean electos en 2025 no recibirán pensión vitalicia, aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, se establece que ningún ministro, magistrado o juez podrá recibir un salario mayor al del presidente.
En cuanto a jueces y magistrados, la reforma establece un periodo de nueve años en el cargo, con la posibilidad de reelección consecutiva. Los aspirantes deberán contar con un título profesional en Derecho, un promedio de ocho a nueve en materias relacionadas, al menos cinco años de experiencia jurídica, así como ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden su idoneidad para el cargo.
