La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por el Senado de la República la madrugada del 11 de septiembre, justo a unos días de acabar su sexenio.
Tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada del bloque de la 4T (Morena-PT-PVEM) facilitó su paso, la iniciativa encontró mayores resistencias en el Senado, donde Morena y sus aliados necesitaban un voto adicional para alcanzar la mayoría calificada.
La discusión sobre la reforma, que propone la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la creación de un nuevo órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, se intensificó durante la sesión en el Senado, ya que manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del recinto legislativo ingresaron hasta el pleno, lo que provocó que se suspendiera la sesión.
Por otro lado, los partidos de oposición (PRI-PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) denunciaron presiones, chantajes y hasta detenciones ilegales por parte de la 4T, alegando que estos métodos se utilizaron para obtener el voto crucial que permitió la aprobación final, concretada con el voto número 86 del ahora expanista Miguel Ángel Yunes Márquez.
¿Cuál es el siguiente paso de la Reforma Judicial?
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la reforma tuvo que ser ratificada por al menos 17 congresos estatales para completar el proceso de enmienda constitucional, un trámite que una vez más resultó sencillo para Morena, pues gobierna 24 entidades tras las elecciones del pasado 2 de junio.
Como se anticipaba, así sucedió, transcurridas las primeras horas después de la aprobación, los congresos de Oaxaca, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Colima, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Morelos, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas le dieron el visto bueno a la Reforma Judicial.
¿Por qué es necesaria la aprobación de los congresos locales?
Al ser México una República Federal, es necesario que los estados aprueben reformas constitucionales para que se hagan efectivas. Este mecanismo asegura el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma constitucional debe ser respaldada por dos tercios del Congreso de la Unión, lo cual ya sucedió con la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, y por la mayoría de las legislaturas estatales, es decir, al menos 17 de los 32 estados, situación que podría alcanzarse hasta el 14 de septiembre.
¿Cuándo serán las elecciones de ministros, jueces y magistrados?
La elección popular de más de mil 600 cargos judiciales, que incluyen ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito es el punto más polémico de la iniciativa presidencial.
En ese sentido, dichas elecciones se llevarían a cabo en dos fases: en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la SCJN como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del nuevo Órgano de Administración, además de la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se completaría con la elección del resto, y la organización de estas elecciones estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, la reforma también contempla la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9. La presidencia de la Corte será renovada cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidato.
De esta manera, los ministros electos permanecerán en el cargo durante ocho, 11 o 14 años, dependiendo de los votos recibidos, con los más votados teniendo un periodo más largo. Los actuales ministros que no sean electos en 2025 no recibirán pensión vitalicia, aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, se establece que ningún ministro, magistrado o juez podrá recibir un salario mayor al del presidente.
En cuanto a jueces y magistrados, la reforma establece un periodo de nueve años en el cargo, con la posibilidad de reelección consecutiva. Los aspirantes deberán contar con un título profesional en Derecho, un promedio de ocho a nueve en materias relacionadas, al menos cinco años de experiencia jurídica, así como ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden su idoneidad para el cargo.
Alistan proceso electoral del Poder Judicial
En ese sentido, a ocho días de la aprobación, el Instituto Nacional Electoral (INE) está en la fase de preparación para iniciar el proceso electoral del Poder Judicial.
Al respecto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció que el próximo lunes 23 de septiembre se llevará a cabo una ceremonia cívica seguida de una sesión del Consejo General, donde se emitirá la declaratoria de inicio de este proceso inédito.
Asimismo, señaló que se está elaborando un documento que contendrá los requerimientos para el proceso electoral, el cual será presentado a los legisladores para resolver algunas dudas persistentes.
Taddei destacó que la configuración del proceso electoral judicial difiere del proceso electoral tradicional, indicando que “el Poder Judicial tiene una constitución distinta”. Aclaró que la demarcación geográfica para los jueces y magistrados se basa en las cargas de trabajo y procesales, y no en los distritos electorales comunes.
Finalmente, mencionó que, aunque no se dispone de presupuesto para este año, confía en que los recursos necesarios se asignen para 2025. La falta de presupuesto es una preocupación, dado que este proceso no estaba contemplado.
