La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonios propios.
Con 492 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno avaló las modificaciones al artículo 2 de la Constitución, que fueron propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del paquete de reformas enviado el 5 de febrero.
De esta manera, la reforma establece que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, respetando los sistemas normativos de cada pueblo y comunidad. Por otro lado, reconoce la propiedad intelectual colectiva sobre su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.
Asimismo, la reforma estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar su vida o entorno. En caso de que una persona física o moral obtenga un lucro de las medidas que requieran consulta, deberá proporcionar un beneficio justo y equitativo.
Dentro de la iniciativa se indica que los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar el incumplimiento de este derecho. De igual forma, entre las obligaciones de las autoridades se destaca la promoción de cultivos tradicionales y el uso sostenible de los recursos naturales, evitando sustancias peligrosas.
Votación unánime
Durante el debate, diputados de oposición expresaron su apoyo a la reforma, pero consideraron que está incompleta. En ese sentido, Gildardo Pérez Gabino, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó: “¿De qué derechos estamos hablando?, ¿de qué país estamos hablando?”. Lamentó que el Gobierno federal no tenga datos precisos sobre la situación de las comunidades indígenas, que enfrentan desplazamientos y pérdida de recursos.
Por su parte, la panista Genoveva Huerta subrayó que la reforma no resuelve problemas graves como la violencia del crimen organizado en Chiapas y el acaparamiento de agua por empresas. Aunque la reforma es un paso positivo, no aborda las carencias que sufren más de 11 millones de indígenas en áreas como educación, salud y vivienda, consideró.
En tanto, Leticia Barrera, del PRI, mencionó que su bancada apoyaría la reforma, pero insistió en que se requiere un enfoque más integral que no sólo abarque apoyos sociales, sino también mejoras en servicios básicos y calidad de vida para las comunidades indígenas.
Pese a no estar totalmente de acuerdo con cada punto de la iniciativa, los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron la Reforma sobre derechos indígenas, una de las 20 iniciativas presentadas por el jefe del Ejecutivo.
