La reciente decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite una consulta sobre la Reforma Judicial ha generado reacciones dentro de autollamada Cuarta Transformación (4T).
La votación, que resultó en 8 votos a favor y 3 en contra, ha sido calificada de manera contundente como un intento de socavar el proceso legislativo y considerado como un “golpe de Estado”.
En ese sentido, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, expresó su descontento a través de su cuenta en X, donde afirmó que “la SCJN acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder, por encima del poder legislativo, del ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México”.
Fernández Noroña reiteró su compromiso de avanzar en la elección de los nuevos juzgadores programada para junio de 2025, independientemente de las acciones de la Corte.
Asimismo, el petista afirmó que en este momento no planea escalar el tema para llevar a juicio político a los ministros de la SCJN, pero advirtió que si continúan con su camino contra la Reforma Judicial entonces los obligarían a tomar otras determinaciones.
¿SCJN prepara un “golpe de Estado”?
Durante la sesión en la que se discutió la consulta, la ministra Lenia Batres Guadarrama lanzó una severa advertencia, afirmando que la SCJN podría estar dando un “golpe de Estado” si busca frenar las decisiones aprobadas por el Congreso.
“La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder constitucional reformador”, expresó la también autollamada “ministra del pueblo”.
La discusión se centró en un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone que la ministra presidenta de la Corte, Lucía Piña Hernández, acepte la solicitud de ciertos juzgadores para que otro ministro elabore un nuevo proyecto que revise el proceso legislativo en el que se basa la reforma.
Finalmente, las ministras Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yazmín Esquivel han manifestado su oposición al proyecto, argumentando que esta revisión podría invalidar el trabajo legislativo. Mientras que el ministro Javier Laynez Potisek aclaró que el debate actual se centra en la aceptación de la consulta y no en el fondo del asunto, que se revisaría en un futuro proyecto si se procede con la consulta.
