La diputada Laura Ballesteros del partido Movimiento Ciudadano promovió un amparo que busca la suspensión de la Reforma Judicial, impidiendo su implementación en las 32 entidades federativas del país. Esta medida se produce en un contexto de controversia sobre los efectos y consecuencias de la reforma recientemente aprobada.
La suspensión provisional concedida impide los efectos derivados del decreto, exigiendo que las autoridades competentes se abstengan de atender el octavo transitorio del mencionado decreto. Esto implica que no deben realizar ajustes a las constituciones locales en el marco de la Reforma judicial durante un periodo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.
Por otro lado, se establece que la renovación total de los cargos de elección de los Poderes Judiciales locales debe llevarse a cabo a más tardar en la elección federal ordinaria de 2027.
La legisladora indicó que “Movimiento Ciudadano presentó elementos de prueba a través de los cuales se enlistan irregularidades de Morena, al intentar imponer su aplanadora sin escuchar a sus simpatizantes, e hizo votaciones ilegales en la Cámara de Diputados y en el Senado”.
INE recibe orden de suspensión
El Instituto Nacional Electoral (INE) fue notificado de una suspensión dictada por el Juez Segundo de Distrito en Colima, relacionada con el juicio promovido por la Fundación Iris en contra de la reforma al Poder Judicial. Esto implica que el Consejo General del INE debe abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que se relacione con la implementación de la reforma judicial, ya que hacerlo podría considerarse como un desacato a la orden judicial.
El pasado 23 de septiembre, el INE había dado inicio al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 al instalar su Consejo General. Durante esta sesión extraordinaria, se emitió una declaratoria que marca el comienzo del proceso electoral en el que se elegirán importantes cargos del sistema judicial.
Entre los puestos a elegir se incluyen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros.
Un obstáculo más
El pasado 3 de octubre, el Pleno de la SCJN aprobó, con 8 votos a favor y 3 en contra, admitir a trámite la consulta relacionada con la reforma al Poder Judicial.
Este trámite se da en respuesta a una solicitud de un grupo de juzgadores, quienes piden que la SCJN ejerza su facultad para resolver la controversia que se ha generado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde se argumentan que la reforma en cuestión puede afectar la autonomía de los órganos, así como la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
