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Sheinbaum denunciará a jueza que ordenó bajar la reforma al Poder Judicial del DOF

La mandataria nacional aseguró que se realizará la denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum La presidenta de México anunció que denunciará a la jueza Nancy Juárez Salas en el Consejo de la Judicatura, durante La Mañanera del Pueblo. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la jueza que ordenó bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del Diario Oficial de la Federación (DOF), tras darse a conocer el amparo promovido aceptado por la juzgadora de Coatzacoalcos, Veracruz.

“No vamos a bajar esta publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura, ya sabemos que no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Una juez, no nos han notificado, fue a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, ahí dice que si no se hace eso se dará aviso al Ministerio Público y que el delito para la presidenta son tres a nueve años de prisión”, indicó, durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 18 de octubre en Palacio Nacional.

De acuerdo con la presidenta, la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación, primero, porque ninguna jueza está por encima del pueblo de México, segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena la publicación en el DOF.

¿Qué hizo la jueza Nancy Juárez?

Nancy Juárez Salas, jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a Sheinbaum y al director del DOF, Alejandro López González, que eliminen el decreto respecto a la reforma judicial.

La jueza estableció un plazo de 24 horas una vez que la presidenta sea notificada para que se elimine la publicación, esto luego de resolver el amparo 823/2024, el que se interpuso al considerar que la presidencia ignoró la suspensión provisional que ordenó que no se continúa con el proceso.

Si la orden de la juez no se cumple, se dará aviso al Ministerio Público de la Federación, como se establece en la Ley de Amparo, misma que contemple una sanción de tres a nueve años de cárcel o la destitución del cargo.

Juárez Salas es la misma juez que desde días antes de la publicación de dicha reforma, concedió una suspensión provisional de oficio para que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no la publicara en el DOF, hecho que finalmente ocurrió el 16 de septiembre.

¿Por qué no se puede suspender la reforma de acuerdo con el Gobierno de México?

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, indicó que la suspensión ordenada por una jueza para eliminar el decreto de la reforma judicial es algo improcedente por lo siguiente:

  • Es facultad soberana del Constituyente permanente exenta de revisión judicial, establecida en el artículo 135, que dice que puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales
  • No existe en el sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial o cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la constitución
  • Un juzgador no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional

Además, Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), añadió que las suspensiones son abiertas contrarias a derecho, ya que los amparos no proceden en contra de reformas constitucionales ni mucho menos contra procesos legislativos y mucho menos invalidar o quitar una publicación del DOF.

En estos casos, las juezas y jueces están actuando al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional.

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