Nacional

¿Harán caso? Ordenan a juzgados federales de todo el país regresar a trabajar

Los titulares de los juzgados están facultados para aplicar las medidas administrativas para quienes no acudan a trabajar

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó dar por terminado el paro de labores del Poder Judicial para reanudar las actividades en todos los juzgados y tribunales del país, por lo que sus titulares tienen la obligación de cumplir las disposiciones administrativas y verificar las asistencias del personal.

La circular que circuló en redes sociales también estableció aplicar la normativa vigente a los trabajadores que no acudan a laborar a partir del jueves 24 de octubre.

“Asimismo, se instruye al Coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que le soliciten el acceso a los inmuebles”.

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Los consejeros que votaron a favor de dar por terminado con el paro de actividades fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, pero con voto concurrente.

En contra se manifestaron Norma Lucia Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez.

Molina Martínez reiteró el contenido de la circular 22/2024, hasta que se tenga la información de las administraciones regionales y de la coordinación de seguridad respecto de la situación que guardan los inmuebles y sus respectivos órganos jurisdiccionales, se podrían tomar por este CJF las medidas procedentes. Todo esto a fin de procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia.

Respeto a la manifestación de inconformes


En el acuerdo del 16 de octubre se notificó al CJF el resultado de la votación de los jueces sobre el

levantamiento de la suspensión de labores con atención de asuntos urgentes, por lo que el Pleno determinó con base en los pronunciamientos y circunstancias, que se debían reanudar actividades en todos los tribunales y juzgados del país.

El Pleno reiteró que no atentaría contra el derecho de manifestarse en modalidades que no afecten la

prestación del servicio de impartición de justicia.

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