La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), hizo un llamado a las autoridades federales y locales a respetar el derecho a la libre manifestación, luego de que fueron encapsulados por policías esta mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a donde llevaron su protesta por la reforma al Poder Judicial.
Mediante un comunicado señalaron que utilizar la violencia institucional contra dos juezas que, conjuntamente con personal jurisdicional se expresaban pacíficamente afuera del recinto deportivo, refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, lo que contradice los principios democráticos que el gobierno federal dice enarbolar.
“Las personas juzgadoras y trabajadoras continuarán ejerciendo pacíficamente su derecho a defender la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, porque en esencia afecta el basamento de nuestra democracia. Por ello se recurrirá a las instancias internacionales a denunciar el condenable uso de las fuerzas del estado para impedir la defensa de tales derechos”, indicaron.
Coparmex advierte retroceso histórico por dictamen en materia de impugnabilidad
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calificó como una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos la reforma que recientemente aprobó el Senado de la República.
Esta iniciativa otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas.
“En la Coparmex nos preocupa este cambio que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas. Desde nuestra fundación, hemos sido firmes defensores del Estado de Derecho y de la protección de las garantías individuales. El Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado”, precisó.
De acuerdo con el organismo patronal, la iniciativa promovida por el grupo parlamentario mayoritario en el Senado elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos.
“Dicha reforma no solo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo”, destacó.
Asimismo, plantea que decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en nuestra Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas.
