Las empresas Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana fueron demandadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ya que por 10 años se pusieron de acuerdo para limitar la venta y distribución de medicamentos y así obtener ganancias multimillonarias.
La Cofece detalló que esas organizaciones conspiraron para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias.
Este acuerdo entre las empresas provocó que se redujera la disponibilidad de medicamentos, aumentaran los precios de las medicinas en todos el país, el daño fue calculado en dos mil millones de pesos.
“En 2021, la Cofece sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley. Adicionalmente, inhabilitó a 10 directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos. La Cofece exige, por medio de las acciones colectivas, que las empresas paguen dos mil 316 millones de pesos para reparar el daño”.
Cofece asumió todos los gastos de la acción legal
En la demanda que interpuso la Cofece, se pidió a la autoridad que los recursos producto de la reparación del daño se destinen al IMSS-Bienetar, ya que fue la institución mas afectada por esas prácticas consideradas monopólicas.
“Solicitamos al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, de manera que sirvan para atender la salud los mexicanos, que fue el sector donde se sufrió el perjuicio. Los hogares más pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en medicamentos, por lo que los sobreprecios afectan más a quienes menos tienen”.
Esta es la primera acción colectiva que emprende la Cofece, el propósito, aseguró la Comisión, es ejercer al máximo sus facultades por medio de un tipo de demanda que permite a quienes sufrieron daños por conductas anticompetitivas, ser compensados por el daño sufrido.
Las empresas infractoras tienen que reparar el daño causado, la Cofece funge como representante de la colectividad afectada, por lo que asume todos los costos derivados del procedimiento judicial.
