Durante 2023, ocho de cada 10 delitos a nivel nacional se desestimaron y por tanto no hubo culpables, en tanto que el delito con mayor incidencia fue la violencia familiar con 27 mil 500 casos y de cada 100 feminicidios sólo se resolvieron 13, lo anterior se desprende del informe ‘Hallazgos 2023 Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México’, dado a conocer por México Evalúa.
Por lo que corresponde a los delitos del fuero federal, los mayores índices de impunidad están en los delitos de desaparición forzada con 99.5%, extorsión con 98.3%, fraude con 97.2% y homicidio doloso con 96.8%.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, resaltó durante la presentación que todos los datos para la investigación son resultado de la Plataforma de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reconsiderar su desaparición o posible compactación con la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Sólo 3.6% de carpetas de investigación llegan ante un juez
En 2023, se iniciaron 2 millones 162 mil 227 carpetas de investigación, de las cuáles 87.9% no tuvieron detenidos, esto es un millón 900 769; sólo 99 mil 289 presuntos culpables fueron vinculados a proceso, es decir 3.6%.
De acuerdo con el reporte, las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso.
En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022 mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas.
Sobre los estados que han implementado medidas para mejorar sus sistemas de justicia, destacan 18 entidades que ya cuentan con el proceso de denuncia digital: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, CDMX, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Las mujeres como víctimas
El delito más común en los estados durante 2023 fue la violencia familiar con 29% del total de delitos del fuero común, Robo se ubicó con 24%, mientras que en los delitos del fuero federal resaltaron narcomenudeo con 11%, lesiones con 9.9%, homicidio con 7%, violación con 3.9%, abuso sexual con 3.6% y fraude con casi 3%.
El informe destacó que en los casos de feminicidio registrados en el país, por cada 100 sólo se resuelven 13 y en cuanto al homicidio por cada 100 sólo se resuelven 3.
De acuerdo con el informe, de 2016 a 2023, las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer pasaron de tres mil 898 a 34 mil 719, esto es que se incrementó casi 10 veces; en tanto los delitos de violencia familiar pasaron de siete mil 721 a 27 mil 500, es decir casi se cuatriplicaron.
10 recomendaciones para mejorar el Sistema de Justicia Penal
Finalmente, en el informe México Evalúa emitió 10 recomendaciones para mejorar el Sistema de Justicia Penal.
- Articular y evaluar de forma sistémica a la justicia penal
- Redistribuir estratégicamente el gasto entre los ámbitos y las instituciones de justicia penal
- Desarrollar modelos operativos alineados a las políticas y prioridades del Estado
- Comprometer la operación hacia un modelo garantista y antipunitivo, en el cual se privilegie la libertad y las salidas alternas
- Concretar el desarrollo de investigaciones criminales sólidas y enmarcadas en análisis de contexto
- Incrementar las vías de resolución de carácter no punitivo, tales como la mediación, y conciliación y los procesos restaurativos
- Aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia penal a las demandas y necesidades de la sociedad
- Garantizar ejercicios de transparencia proactiva por parte de las instituciones clave del sistema de justicia penal
- Comunicar a la ciudadanía el trabajo y los resultados de las instituciones de justicia penal
- Colaborar y mantener canales de comunicación entre ciudadanía e instituciones para la construcción y monitoreo de soluciones que mejoren el sistema de justicia.
