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En vilo, tres mil 500 empleos por la desaparición de organismos autónomos, ¿qué pasará con ellos?

Morena insiste que desaparición de autónomos significará ahorros por 100 mil millones de pesos, oposición aduce que la medida es autoritaria y regresiva

La inminente desaparición y/o fusión de siete organismos autónomos: Inai, Cofece, IFT, Coneval, MejorEdu, CNH y la CRE, bajo la premisa de que son demasiado onerosos y no sirven a los intereses del pueblo y con el argumento que con ello se tendrá un ahorro anual de 100 mil millones de pesos, detona incertidumbre entre miles de empleados que serían afectados.

De acuerdo con estimaciones, estos organismos autónomos tienen una plantilla laboral aproximada de 3 mil 500 trabajadores, los cuales podría ver en riesgo su fuente laboral.

Según información obtenida en sus páginas oficiales, el organismo que más plazas laborales perdería sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con mil 300, seguido del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con 818; posteriormente se ubica la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con 481 empleados, y finalmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con 137 plazas laborales.

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¿Desaparición o fusión?, esto dice Morena

Sobre el tema, la propuesta original de Morena, resalta que los siete organismos no van a desaparecer, sino que se van a fusionar con algunas secretarías u otros organismos: en el caso del Inai se propone que sea la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno quien absorba sus funciones; Cofece sería absorbido por la Secretaría de Economía; a su vez la Secretaría de Energía se quedaría con las funciones que realizan la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por lo que corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sería el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como cabeza de sector quien tendría a su cargo la tutela del organismo y en el caso de MejorEdu, sus funciones serían retomadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería absorbido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La bancada de Morena insistió que con la medida se obtendrán ahorros por cien mil millones de pesos cada año, incluso la vicecoordinadora, Gabriela Jiménez, señaló que los organismos autónomos han recibido una asignación total de 32 mil 313 millones de pesos desde su creación hasta 2024 y que los ahorros que se generen con la transferencia de funciones de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.


Mientras que el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, indicó en entrevista que Morena, además de asestar un golpe a la democracia con la Reforma Judicial, ahora da el ‘cerrojazo’ a la transparencia con la iniciativa para desaparecer o fusionar a los siete organismos autónomos con una medida autoritaria y regresiva.

Estas son las ventajas de los organismos autónomos

De acuerdo con México Cómo Vamos, los organismos autónomos promueven el progreso social.

Cofece

  • Protege al consumidor desde el origen de la producción al asegurar competencia económica en los mercados.
  • ¿Qué justifica su costo? Contribuye a que las y los consumidores ahorren recursos al castigar conductas anticompetivas en el mercado. La promoción de la competencia económica garantiza mejores precios y mayor calidad de lo que consumimos.
  • ¿Cómo beneficia al progreso social? Al fomentar una competencia justa y evitar prácticas monopólicas, Cofece contribuye a que las y los consumidores tengan acceso a bienes y servicios a precios competitivos. Esto ayuda a elevar el poder adquisitivo de las familias.
  • Su destino: Secretaría de Economía

IFT


  • Asegura el uso de tecnología avanzada, garantiza la competencia efectiva y administra el uso efectivo de recursos públicos como el espectro electromagnético (que se utiliza en la radiodifusión, la telefonía móvil, el WiFi y la televisión) y los derechos de vía (necesarios para la construcción, ampliación, protección y uso de una vía de comunicación.
  • ¿Qué justifica su costo?, ayuda a que las y los consumidores ahorren al promover la libre competencia de las telecomunicaciones, que a su vez es clave para el desarrollo del país y el progreso social de las personas.
  • ¿Cómo beneficia al progreso social?, el acceso a información y comunicaciones es clave para el progreso social. El IFT garantiza recursos públicos como derechos de vía que faciliten el acceso a la red para todas y todos.
  • Su destino: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Comisión Reguladora de Energía

  • Salvaguarda el abasto de energía, la competencia desde el origen del proceso productivo en ese mercado y establece mecanismos para la transición energética.
  • ¿Qué justifica su costo?, genera ahorros a la ciudadanía y al Estado, pues evita que incurra en subsidios ineficaces. La operación efectiva del mercado energético es parte del progreso social de las personas y del desarrollo económico del país.
  • ¿Cómo beneficia al progreso social?, la energía es necesaria en la vida diaria, y tener un suministro constante a un precio competitivo en la vivienda de todos aumenta el progreso social de los hogares. La CRE, al establecer mecanismos para la transición energética, tiene la capacidad de mejorar la calidad ambiental de los mexicanos.
  • Su destino: Secretaría de Energía.
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Inai

  • Protege los datos personales de la ciudadanía y pone a su disposición información sobre el uso de recursos públicos.
  • ¿Qué justifica su costo?, garantiza a las y los ciudadanos la transparencia de la información que debe ser de dominio público y la debida protección de sus datos personales supera dichos costos.
  • ¿Cómo beneficia al progreso social?, derechos personales como la participación electoral requieren que los ciudadanos tengan acceso a información para emitir su voto de forma libre e informada. Fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual fortalece la confianza en las instituciones. Además, la protección de los datos personales genera un entorno seguro para que las personas participen en la vida digital.
  • Su destino: Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

MejorEdu

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  • Asegura una preparación educativa útil para la vida de infancias y juventudes de todos los contextos económicos, sociales y regionales.
  • ¿Qué justifica su costo?, asegura la mejora continua de la educación, lo que es una inversión altamente productiva para las generaciones que son el futuro de México.
  • ¿Cómo su objetivo beneficia el progreso social?, el acceso a conocimientos básicos y a educación superior, con mayor matriculación y menor analfabetismo, es clave para reducir la desigualdad y ofrecer oportunidades para la movilidad social. Garantizar que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad fomenta que infancias y juventudes desarrollen competencias que les permitan integrarse mejor el mercado laboral.
  • Su destino: Secretaría de Educación Pública

Coneval

  • Genera metodologías para medir la pobreza multidimensional, la construcción de evaluaciones externas y el monitoreo de programas sociales.
  • ¿Qué justifica su costo?, El modelo de gobernanza diseñado por la Ley General de Desarrollo Social, se basa en una estructura descentralizada que garantiza independencia técnica y rigor metodológico.
  • ¿Cómo su objetivo beneficia el progreso social?, Ofrece diagnósticos rigurosos sobre el estado del desarrollo social en México, y su función ha sido clave en la creación de mapas de ruta para la mejora de la política social y el combate a la pobreza, mediante la generación de evidencia robusta.
  • Su destino: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
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IMCO alerta por desaparición y/o fusión de autónomos

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recomendó las siguientes medidas para garantizar la operatividad de los organismos autónomos, a partir de que se conviertan en entes fusionados a otras dependencias:

  • Garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de los órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas -según sea el caso-, estableciendo con detalle el tipo de autonomía de cada uno en la modificación posterior de las leyes que correspondan.
  • Establecer un mecanismo de control legislativo que exija la comparecencia de las personas titulares de las unidades o instituciones que absorban las funciones, a fin de realizar el seguimiento de los avances del cambio administrativo y una evaluación del desempeño de sus funciones para asegurar la independencia de sus decisiones.
  • Diseñar un protocolo para que la transferencia de las capacidades institucionales (recursos humanos, conocimiento, tecnologías, metodologías, sistemas) de los órganos extintos a las instituciones sea exitosa. Para esto, es necesario considerar estrategias concretas de integración de los equipos de trabajo, así como de capacitación y coordinación intrainstitucional.
  • Mantener la perspectiva de toma de decisiones colegiadas, que hoy se tiene a través de órganos de gobierno, a fin de evitar la concentración de intereses.
  • Implementar manuales específicos para la gestión de los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y el INEGI. Esto será especialmente importante en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra miles de obligaciones.
  • Incluir dentro de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado un equipo encargado de monitorear posibles incumplimientos al Tratado derivados de esta reforma administrativa tanto en el diseño como en la implementación de los cambios.
  • Dar seguimiento, desde la sociedad civil, a la evolución de los cambios y evalúen que las funciones de regulación sean absorbidas de forma efectiva por las secretarías de Estado y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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