En el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada recientemente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se revelaron importantes avances en la lucha contra el crimen organizado, que incluyen la detención de más de 11 mil 600 personas entre el 1 de octubre y el 9 de febrero.
De igual forma, se informó sobre el aseguramiento de más de 102 toneladas de droga y la desarticulación de 192 laboratorios clandestinos. Sin embargo, estos logros ponen sobre la mesa un tema crucial para el Sistema de Justicia mexicano: la capacidad carcelaria del país, un desafío que, según los datos más recientes, se encuentra al límite.
Expansión de la población penitenciaria
México enfrenta una realidad preocupante en cuanto a su infraestructura penitenciaria. A finales de 2023, el país contaba con 331 centros penitenciarios distribuidos entre federales, estatales y especializados. De estos, 14 eran federales, 266 estatales y 51 especializados. No obstante, según cifras del Informe Mundial de Prisiones (World Prisión Brief), la ocupación de estos centros ya sobrepasaba el 104% en 2024, lo que implica que muchos centros operan con una población mucho mayor a la que fueron diseñados para albergar.
A finales de 2023, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) reportó que 233 mil 277 personas estaban privadas de la libertad en México, de las cuales 232 mil 3 eran adultos y mil 274 adolescentes. De este total, sólo el 8.9% de los internos se encontraban en centros penitenciarios federales, mientras que el 91.1% estaba en instalaciones estatales.
Cabe destacar que la mayoría de esta población estaba compuesta por hombres (94.3%), mientras que las mujeres representan el 5.7%. Esta disparidad de género es una constante en las cárceles mexicanas, donde la sobrepoblación masculina es un reto para los sistemas penitenciarios.
Sistema penitenciario y la población sin sentencia
Uno de los aspectos más críticos del sistema carcelario mexicano es la alta cantidad de personas privadas de la libertad sin una sentencia definitiva. En 2023, 86 mil 984 internos estaban en prisión preventiva, lo que refleja un sistema que aún carece de la capacidad para procesar de manera eficiente a los detenidos. Este número representa una porción significativa del total de la población penitenciaria, que en algunos casos permanece más tiempo en prisión preventiva que en espera de juicio, lo que genera una sobrecarga en los centros de reclusión.
Los datos también muestran que, en comparación con 2022, el porcentaje de internos con sentencia aumentó en un 6.2%, mientras que aquellos sin sentencia disminuyeron en un 1.5%.
Desafíos de la Estrategia de Seguridad
Los recientes resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluyen importantes decomisos de drogas, armas y la desarticulación de laboratorios clandestinos, presentan un desafío adicional para el sistema penitenciario.
Con el aumento de las detenciones y el desmantelamiento de organizaciones delictivas, se prevé un incremento en la población de reclusos, lo que ejercerá más presión sobre los centros penitenciarios existentes. A esto se suman los avances en la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios y feminicidios, lo que sugiere una evolución positiva en la seguridad pública, pero también implica un mayor volumen de detenidos que deben ser procesados y encarcelados.
