Los gobierno estatales tienen la obligación de implementar los servicios de salud necesarios para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de criterios sustentada entre diversos Tribunales Colegiados de Circuito.
Dos Tribunales Colegiados determinaron que con motivo de los derechos que garantiza la Constitución, además por una resolución de la Corte respecto a una acción de inconstitucionalidad, se determinaba la obligación de las autoridades estatales de salud de implementar, difundir y organizar los servicios para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, otro Tribunal Colegiado resolvió que los sistemas de salud de cada entidad no tenían esa obligación al no existir un mandato específico en la Constitución o en las leyes para imponerles una sentencia de la SCJN.
“La Corte destacó que para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan efectivamente ejercer su derecho a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, resulta indispensable que existan servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad que les permitan hacerlo”.
Por lo que, conforme a lo establecido en la Constitución, instrumentos internacionales y Ley General de Salud, así como de la interpretación que la Corte hizo a través de diversos precedentes, “resulta claro que las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar específicamente el acceso al aborto electivo o voluntario”.
