El Estado mexicano fue evaluado esta semana en Ginebra por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Durante la sesión, el organismo internacional expresó su preocupación por la falta de avances en materia de justicia, verdad y reparación para las víctimas migrantes y sus familias. La revisión dejó en evidencia la falta de respuesta de México ante múltiples cuestionamientos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
¿Cuáles son los casos que la ONU ha señalado?
Uno de los temas centrales fue la impunidad persistente en casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010), las fosas clandestinas encontradas en esa misma localidad en 2011, y la masacre en Cadereyta (2012). A pesar de la gravedad de estos hechos, las autoridades mexicanas no ofrecieron información concreta sobre avances en las investigaciones, identificación de víctimas o sanción de responsables.
Según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Estado mexicano se limitó a mencionar procesos judiciales en curso, sin detallar resultados. Además, destacaron que, en algunos casos, se han emitido sentencias por delitos relacionados con delincuencia organizada o portación de armas, pero no por los asesinatos, secuestros y tortura de los migrantes.
A lo largo de la evaluación, el Comité solicitó información específica sobre las medidas adoptadas para investigar los crímenes contra migrantes, fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y poner en marcha la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años. Ninguna de estas solicitudes obtuvo respuesta del Estado.
Organizaciones civiles que colaboraron en la documentación entregada al Comité también denunciaron una amplia gama de problemáticas: detenciones arbitrarias, deportaciones, militarización de la política migratoria, racismo, discriminación y falta de acceso a la justicia. Además, señalaron que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Instituto Nacional de Migración (INM) participaron en el proceso de evaluación, a pesar de ser actores clave.
Casos recientes
Respecto a otros casos, como la masacre de 17 migrantes en Camargo (2021), el asesinato de Cristóbal Cobreiro por la Guardia Nacional en Chiapas, la muerte de Victoria Salazar en Quintana Roo y el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, también fueron expuestos ante el Comité. Exceptuando el caso de Camargo, en el que 12 policías fueron condenados, la mayoría de estos crímenes siguen sin justicia.
El Comité de la ONU también mostró preocupación por el enfoque militarizado en el control migratorio, señalando que ha derivado en más violencia y vulneración de derechos.
El próximo 15 de abril, el Comité emitirá su informe final con recomendaciones puntuales para México. Mientras tanto, las organizaciones civiles reiteran que persiste una deuda profunda con las víctimas migrantes y sus familias.
