Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció públicamente la existencia de candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado en el proceso de elección popular de jueces y magistrados, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) lanzó una severa advertencia.
La organización destaca que esta admisión confirma los peores temores sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. “Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, sentenció la Directiva Nacional en un comunicado.
Riesgos de la reforma judicial
JUFED denunció que el modelo de elección popular de jueces, lejos de fortalecer la democracia, representa una vía directa para la cooptación del Poder Judicial por intereses políticos, económicos y, como ahora se admite, criminales.
En su comunicado, JUFED reiteró su postura de que esta reforma es “inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”.
Al respecto, destaca que diversas voces internacionales respaldan esta preocupación, como Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, quien señala que “la independencia judicial es pilar del Estado de Derecho y no puede estar sujeta a elecciones controladas por poderes políticos”.
Afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advirtió sobre los riesgos de una elección judicial sin garantías de imparcialidad, calificándola como una regresión democrática.
Y recordó que incluso el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, alertó que este modelo podría facilitar la infiltración de cárteles en el sistema judicial mexicano.
Por ello, JUFED ha llevado sus denuncias a foros internacionales como el Parlamento Europeo, la ONU y la OIT, exponiendo el impacto de esta reforma sobre la legalidad y la democracia en el país.
“La comunidad internacional debe estar alerta”, urgió la organización. “México vive un momento crítico. El Estado de Derecho está en riesgo de desaparecer bajo la apariencia de una elección democrática. No se trata de modernizar la justicia: se trata de entregarla”.
Finalmente, JUFED llamó a organismos multilaterales y defensores de derechos humanos a no ser indiferentes ante la amenaza que representa esta reforma y a respaldar la lucha por una justicia imparcial y libre de influencias criminales.