La reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, costaría al país hasta 440 mil millones de dólares; sólo por concepto de indemnizaciones a las empresas e inversionistas que serían afectados con su implementación, alertó la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por su sigla en inglés).
Ello, apuntó el organismo, como consecuencia de la cancelación de contratos, la suspensión de permisos a empresas y el cambio en las reglas en la operación del mercado eléctrico nacional; cuyo impacto viola los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, como el T-MEC.
La presidenta del Comité de Arbitraje de inversión del ICC, capítulo México, Gabriela Álvarez Ávila, explicó que las empresas afectadas pueden acudir a litigios internacionales para exigir al gobierno mexicano la reposición de sus inversiones.
Apuntó que, en caso de recibir un fallo en contra, el país también deberá indemnizar a las compañías dañadas, por las pérdidas ocasionadas al momento de la entrada en vigor de la reforma eléctrica; más las ganancias previstas durante el periodo de vigencia original de los contratos cancelados.
Pérdidas se multiplican
Álvarez Dávila señaló que, si se toma en cuenta que la reforma eléctrica tendrá un costo inicial de 44 mil millones de dólares, equivalentes a las inversiones previstas por las empresas que participan en el mercado eléctrico nacional, las pérdidas pueden multiplicarse por 10 si los tribunales emiten un fallo en contra de México.
Refirió que el monto de las indemnizaciones corren el riesgo de incrementarse de forma exponencial; debido a que los precios de la electricidad y los energéticos en general aumentan de forma constante, de un momento a otro.
“Entonces, decirte (que las indemnizaciones pueden multiplicarse) 10 veces -el monto de las inversiones- puede ser ahorita real; y en un año y medio, dos años o tres, puede ser 20; así de volátil es este tipo de mercado; por eso es que el riesgo es mucho mayor”, alertó la especialista.
De acuerdo a lo anterior, México pagaría hasta 440 mil millones de dólares por la aprobación y entrada en vigor de la reforma eléctrica; por concepto de las indemnizaciones y obligaciones que el país asumió al firmar los contratos vigentes con las empresas e inversionistas.
Congreso debe poner alto
En este contexto la ICC pidió al Congreso mexicano “poner un alto” a la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; para evitar los altos costos, pérdidas y afectaciones que provocaría para la economía nacional, las empresas y los consumidores.
“La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores en el Congreso de la Unión, para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República; porque no sólo significa una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad.
“Celebramos la autodeterminación política que tiene el gobierno mexicano de dictar las iniciativas que mejor estime en beneficio del país; pero ésta “debe ser acompañada del cumplimiento irrestricto a los acuerdos internacionales que México ya ha suscrito”.
Lo anterior, refirió la ICC, “para promover y proteger las inversiones, impulsando el desarrollo general del país y con ello evitar incurrir en un costo reputacional y económico sin precedente para México”.
Impactos de la reforma eléctrica
Un informe publicado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la reforma eléctrica provocará:
- Alza de 10% a 100% las tarifas que pagan los consumidores; que obligarían a las empresas a encarecer los productos y servicios que consumen los mexicanos.
- Aumento al doble en los costos de producción de electricidad; que en las empresas privadas promedia 700 pesos por megawatt hora y que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llega a mil 403 pesos.
- Mayor emisión de contaminantes a través de las plantas de la CFE; que recupera el monopolio del sector y que privilegia la quema de combustibles fósiles y carbón, para generar electricidad.
- Anulación de la energía limpia; como la electricidad eólica o fotovoltaica; que violarían los acuerdos internacionales firmados por México en dicha materia.
- Riesgo de apagones en el país, debido a que la CFE apenas cuenta con una capacidad de reserva eléctrica de 15% a 20%; cuando el país necesita, por lo menos, 30% para evitar cortes de luz en el territorio mexicano.
