En todo el tiempo que lleva la pandemia de Covid-19 en México, alrededor de 80 por ciento de las personas con discapacidad perdieron su empleo, lo cual orilló a que muchas de ellas ingresaran a la economía informal, en la que de por sí es la única opción que muchos tienen para obtener ingresos económicos.
Mónica Guadalajara, directora para México, Centroamérica y Caribe de Ottobock, compañía alemana dedicada a la atención de personas con discapacidad, añadió que con la oleada de despidos causada por la pandemia, las personas con discapacidad fueron las primeras en ser víctimas de esto, además de que por su condición es más difícil que sean contratadas.
“Datos de la Fundación Paralife dan a conocer que 70 por ciento de las personas con discapacidad en México trabajaba en la economía informal antes de la pandemia. Esta cifra sin duda se ha incrementado como consecuencia de la crisis sanitaria que todavía vivimos”.
Rita Romanowsky, directora del Comité de Calidad de Vida de Fundación Inclúyeme, expuso que una de las grandes barreras para contratar a este sector de la población es que no hay concientización sobre las habilidades que tienen las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva, motora o de otra índole.
Ejemplo de esto es el caso de Yaotzaneth Díaz, quien debido a un atropellamiento hace 13 años perdió una de sus piernas, aunque antes de la pandemia tenía un empleo formal, más tarde fue despedida.
“Es necesario concientizar que, aunque tenga una amputación, cuento con plenas capacidades físicas y mentales para desarrollar diversas tareas y actividades, no soy una carga; también es necesario defender mi derecho de igualdad de condiciones, porque no por ser una mujer amputada debo tener desventajas en salarios, oportunidades y condiciones”.
Además, destacó que son pocas las empresas que tienen programas de contratación incluyente, pese a que hay una Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que contempla beneficios fiscales para las empresas que contraten a personas con discapacidad, entre ellos, deducir hasta la totalidad la retención del impuesto que le hacen al salario del trabajador.
“Para que la empresa pueda hacer la deducción sobre el ISR, tienen que tramitar un certificado de discapacidad que emite el IMSS, pero la ley dice que para poder deducir, la persona debe tener 80 por ciento o más de limitación sobre su funcionalidad, en el caso de la discapacidad intelectual, si alguien tiene ese porcentaje implica que no podría trabajar; en física o motora, se consideraría a alguien que sólo pudiera mover el 20 por ciento de su cuerpo”, destacó Díaz.
A esto se suma que desde la parte gubernamental hay pocas opciones de capacitación para el trabajo enfocadas a esta población, lo que hace más grande la falta de oportunidades en el mercado laboral formal.
“Hay una brecha entre los números de los corporativos y la realidad en la operación. Aunque hay empresas que sí cuentan con áreas de inclusión y están haciendo esfuerzos para tener a personas con discapacidad y capacitar a sus gerentes, en la operación no siempre funciona la relación laboral o no es una inclusión laboral real, a veces por falta de comunicación o acompañamiento”, concluyó Sherezada Martínez, subdirectora de inclusión laboral en la fundación Inclúyeme.
