Indira Vizcaíno informó que luego de una revisión en tres secretarías de Colima, se detectaron irregularidades por un monto superior a los mil 800 millones de pesos en cuanto al manejo de recursos de la administración que encabezó José Ignacio Peralta.
Durante la emisión de su conferencia de prensa semanal, la mandataria estatal aseguró que no habrá impunidad por parte de su administración. “De parte del gobierno del estado no habrá impunidad, nosotros haremos todo lo que nos corresponda hasta entregar denuncias a las autoridades”, expresó.
Vizcaíno Silva citó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, al decir que se busca “justicia, no venganza”, y añadió que no se trata de una cacería de brujas. “No vamos a inventar, no vamos a hacer cacería de brujas, pero sí vamos a exigir que haya justicia para las y los colimenses”.
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Las irregularidades
La secretaria de Salud y Bienestar Social de la entidad, Martha Janeth Espinosa Mejía dio a conocer que durante 2021 le fueron autorizados 611 millones de pesos a dicha dependencia; sin embargo, solo se radicaron cerca de 490 millones en la instancia estatal.
Espinosa Mejía detalló que también se hallaron adeudos de la dependencia (entre 2012 y 2020) por conceptos de juicios mercantiles, laudos, proveedores, y pagos de servicios personales que ascienden a 630 millones de pesos.
Asimismo, la secretaria de Salud estatal refirió que instancias como la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública hallaron pagos pendientes de las cuentas públicas, durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2016 y 2021, superior a los 214 millones de pesos que, de no liquidarse, generarían un reintegro de recursos no viable.
Por otra parte, Fabiola Verduzco Aparicio, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, señaló que revisaron el crédito de 500 millones de pesos que solicitó la administración anterior para la obra del C5i, y que descubrieron que solo 140 millones se usaron para ese fin.
Verduzco Aparicio indicó que el resto (360 mdp) fueron desviados a rubros no etiquetados con la autorización del Congreso local para apoyos (5 mdp), deuda (67 mdp), pagos de Internet (12 mdp), nómina (35 mdp), obra pública (más de 3 mdp), impuestos (121 mdp), entre otros.
“Esto quiere decir que se entiende que se desvió ese recurso para acciones distintas a lo que fue contratado”, puntualizó la funcionaria y añadió que “se están haciendo las gestiones con las autoridades competentes para que hagan los hallazgos y las denuncias”.
Finalmente la titular de la Contraloría General del Estado, Isela Uribe Alvarado, detalló que si durante las investigaciones se encuentran mayores irregularidades, será la contraloría la encargada de presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“Será a través de la Contraloría, donde tendrá la facultad para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y serán ellos quienes emitirán sanciones por delitos de tipos penales”, concluyó Uribe Alvarado.
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