El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha lamentado que este delito se registre en México “con casi absoluta y estructural impunidad” y ha llamado a las autoridades a llevar a cabo una “estrategia integral” para “abordar sus múltiples causas”.
Así lo ha manifestado Carmen Rosa Villa, la jefa del equipo que ha concluido este viernes su visita de dos semanas al país, en la que las personas con las que han hablado han retratado la nación como una “sociedad superada por el fenómeno”, ha avanzado en un balance preliminar del informe oficial que presentará en el próximo periodo de sesiones del comité.
Villa ha detallado también que la población ha señalado a su “impotencia” por la “inacción de algunas autoridades”, a las que ha llamado a paliar la situación “porque se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”.
En este sentido, ha instado a abordar las múltiples causas, entre ellas “la ineficacia en la investigación de estos crímenes, una compresión desvirtuada de las fiscalías como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en la búsqueda o el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas”.
“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio, frente a la cual imperan la impunidad y la revictimización”, ha avisado, de acuerdo a un último balance que cifra en 95 mil 121 las personas desaparecidas, un centenar de ellas en sucesos en las dos últimas semanas, recoge un comunicado de la ONU.
Villa ha apuntado a un patrón de desapariciones forzadas en distintos puntos del país y de forma simultánea, lo que, ha añadido, “evidencia escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado”, una cuestión que ha denunciado al tiempo que ha alertado de “las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado”.
“México necesita adoptar una política de prevención para erradicar la desaparición que involucre a todas las autoridades y haga efectiva los derechos de las víctimas a la verdad , justicia, reparación y derecho a la no repetición”, ha aseverado.
MÁS DE 52 mil CUERPOS SIN IDENTIFICAR
Villa ha calificado como necesario que el país rompa el ciclo de revictimización de los familiares que ha creado. “Desaparecen personas pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello, desaparece la esperanza de la justicia. El grito de desesperación de los familiares de las víctimas es desgarrador”, ha detallado, para reclamar “una intervención inmediata” al respecto.
Por otro lado, la jefa de la comisión de la ONU ha alertado sobre los riesgos para las personas encargadas de las búsqueda, así como por la “grave crisis forense” que se da en el país con la “más cruda demostración” de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar.
Además, ha señalado que hay factores que dificultan el acceso a la justicia como la limitada asistencia jurídica brindada a víctimas; los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio o la frecuente falta de aplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador.
“El reto es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismos puede tener éxito si no cuenta con la voluntad política, participación efectiva de las víctimas y recursos financieros suficientes”, ha sentenciado.
Desde el pasado 15 de noviembre, la Comisión ha visitado trece entidades federativas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Asimismo, ha mantenido 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil procedentes de casi todos los estados.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas hay 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido víctimas de desaparición durante la misión de la comisión de la ONU en México.
Mientras, los colectivos de búsqueda denuncian que la impunidad en los casos de desaparición forzada supera el 98 por ciento y aseguran que miles de denuncias no han dado origen a investigación alguna. Sólo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas.
