Castigos de tres meses a siete años de prisión y multas de entre ocho mil 962 y 44 mil 810 pesos para quienes protesten a través de la toma de casetas o de la obstrucción de las vías de comunicación, como lo contempla una reforma de ley analizada en el Senado, viola el derecho a la libre manifestación, alertan organizaciones de la sociedad civil.
“Es muy preocupante que hagan esto, y sobre todo ante una conducta que puede ser un ejercicio legítimo de un derecho, como es el de la protesta. O sea, puede haber ahí un grupo de estudiantes normalistas, un grupo de padres o familias de personas desaparecidas”, asegura a Publimetro Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19.
Penalizar la toma de establecimientos de peaje, abunda, es inquietante porque el Estado en vez de buscar soluciones efectivas para problemáticas de fondo, sólo crea un delito más. Detrás de las protestas hay inconformidades, las cuales derivan de omisiones de las autoridades o de falta de servicios.
Dicha reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2020, con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones. La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado acordó una mesa de trabajo para examinarla el pasado 3 de noviembre.
“Debe buscarse diálogo con las personas que protesten; sentarse y consensuar las mejores soluciones posibles, no aplicar el Código Penal, que es lo que siempre buscan las autoridades. Es lo más fácil, pero es lo más represor”, señala Luis Knapp.
Publimetro buscó a la presidenta de la citada comisión de la Cámara alta, la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (Morena), para preguntar su opinión al respecto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se concedió la entrevista.
También van por prisión preventiva
El 17 de noviembre la diputada federal Marcela Guerra Castillo (PRI) presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Penal Federal, con el fin de imponer prisión preventiva oficiosa para quienes impidan o cierren el paso a las vías de comunicación terrestre, por ejemplo, las casetas de cobro.
Ante este escenario, Víctor Martínez Villa, abogado del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, considera que la política de persecución criminal en México debería encaminarse a delitos de alto impacto, como homicidios, feminicidios y desapariciones, no en detener a gente que protesta en casetas.
“Parece ser que los legisladores tratan de inhibir a través de este discurso la toma de casetas, y tratan de generar la sensación de ‘si existe un tipo penal vigente, éste va a generar inhibiciones en la población’; si fuera así no tendríamos corrupción, cohecho, homicidios”, indica en entrevista.
Martínez Villa, de igual forma, subraya que el legislativo federal no dimensiona las repercusiones que generarían ese tipo de reformas en el ejercicio del derecho a la manifestación, pues solamente piensan en calmar ciertos sectores de la administración pública.
La protesta reivindica a las minorías
El derecho a la protesta es un mecanismo de libertad de expresión, el cual sirve para reivindicar a las minorías y grupos vulnerables que no cuentan con algún tipo de acceso legítimo ni legal para que su voz sea escuchada, explica a este medio Arturo Argente Villarreal, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey Campus Toluca.
Manifestarse mediante la toma de casetas, agrega, conflictúa dos derechos: el de la protesta y el de libre tránsito. Por ello, se debe realizar un análisis sobre la legitimidad, idoneidad y finalidad de las manifestaciones en establecimientos de peaje, con el objetivo de esclarecer si el derecho a la protesta es mayor frente a otro.
“Si me meten a la cárcel por manifestarme porque veo que mi sobrino, mi hijo, mi nieto no reciben su medicina para el cáncer, yo me voy a amparar contra esa ley, porque está violando mi derecho humano a la libertad de expresión y de protesta que está garantizado en la Constitución”, asevera Argente Villarreal.
