La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, aseguró que los 200 elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) que arribarán a la entidad para apoyar en labores de seguridad pública, están capacitados en materia de derechos humanos.
El pasado 9 de noviembre arribaron 200 elementos de seguridad, quienes se desplegaron a los distintos puntos del estado para desempeñar acciones preventivas. A propósito de esto, la mandataria estatal refirió que los elementos de seguridad tienen experiencia en funciones policiales y que, por lo tanto, están al tanto de las garantías individuales.
La gobernadora de Colima destacó la entrega de 53 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); y cerca de 60 más a ayuntamientos y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para un total de 156 patrullas. Esta entrega marcó el arranque de la campaña “Calles Seguras”, la cual busca patrullar las calles de la entidad las 24 horas del día.
Cabe mencionar que Vizcaíno ha denunciado la falta de fuerza policial en la entidad que, en promedio, cuenta con 1.8 policías por cada mil habitantes.
Fuerzas armadas propensas a violar derechos humanos
La incursión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no ha sido vista con buenos ojos en todo el país. Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron sobre los peligros que supone la militarización, y la puerta que esto abre a la violación de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 219 denuncias en contra de la Guardia Nacional entre mayo de 2019 y agosto de 2020. Hasta el 2020 Colima se ubicó como la segunda entidad en delitos de desaparición forzada en todo el país por cada 100 mil habitantes con 157.7 casos. En tanto que para 2021, la Red de Desaparecidos en Colima reportó que, desde 2017, se contabilizan mil 700 carpetas de investigación correspondientes a personas desaparecidas.
El acuerdo que impulsó Andrés Manuel López Obrador para la incursión de las fuerzas armadas en funciones de seguridad en mayo de 2020, será revisado por la Suprema Corte de Justicia para ver si se mantiene en vigor hasta marzo de 2024, aquí destaca que que uno de los amparos en contra de la militarización es promovido por el municipio de Colima.
