Pedirá que las fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para determinar si finalmente se comete un delito
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir la manifestación de apoyo a presos de ETA convocada por SARE para el próximo 31 de diciembre en Pamplona al considerar que no hay constancia de delito, si bien solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a la víctimas.
Según han informado fuentes fiscales, no hay razón para prohibir que se lleve a cabo este acto porque en estos momentos no hay una constancia mínima de la comisión de un ilícito penal. En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.
No obstante, las mismas fuentes han avanzado que el Ministerio Público solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adopten medidas de vigilancia para comprobar la posible existencia de dichos delitos.
Fiscalía ya informó en contra de prohibir la «marcha solidaria» convocada para el pasado 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Mondragón en favor de Henri Parot para «lograr la convivencia, paz y reconciliación», alegando que se encuadraba en el derecho de reunión, que definió como un derecho «intermedio» entre los de asociación y libertad de expresión».
«El acto que se realizará», expuso entonces, «está concebido como un acto organizado con fines estrictamente políticos, sin que de la lectura de su convocatoria se infiera que la intención de dicha manifestación es convertir el acto publico en un acto que humille a alguna de las víctimas».
LAS VÍCTIMAS DAN LA VOZ DE ALARMA
El Ministerio Fiscal se ha pronunciado en respuesta a un escrito presentado esta semana por la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) en el que pedía a los Juzgados Centrales de Instrucción que prohibieran la citada concentración al entender que el objetivo es «ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos».
APAVT apuntó también a un objetivo subyacente, que sería el de reivindicar la excarcelación de los presos etarras, señalando en este sentido que existen «cauces legales» para lograrlo sin que sea necesario perpetrar lo que ve como una humillación a las víctimas de ETA y sus familias.
Asimismo, avisó de que «las reivindicaciones que realiza SARE coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban HERRIRA y anteriormente ASKATASUNA», advirtiendo, en consecuencia, de que detrás de la citada convocatoria podría estar una organización ilegalizada.
Además de la manifestación del 31 de diciembre en Pamplona, hay otros dos actos convocados por SARE para homenajear a antiguos etarras: uno previsto para ese mismo día en Mondragón y otro para el 8 de enero en Bilbao.
EL HOMENAJE A PAROT
APAVT ha solicitado a la Audiencia Nacional que los prohíba todos, mientras que la Asociación Dignidad y Justicia, mediante denuncia directa en la AN, y el PP, denunciando ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se han unido a la petición de prohibir el acto de Mondragón, destinado específicamente a arropar a Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias ‘Peixoto’, y Eugenio Barrutiabengoa, ‘Arbe’.
Dignidad y Justicia recordó que Parot es un «sanguinario terrorista» que acumula hasta 26 condenas por su participación en 39 asesinatos, incluido el del teniente coronel de Infantería Guillermo Tévar Saco, asesinado en Madrid el 7 de mayo de 1981 mediante la colocación de una bomba lapa en su vehículo, cuyo hijo firma la denuncia.
Respecto a Gallastegui y Barrutiabengoa, recalcó que el primero «es conocido como ‘El Cajero’ por llevar las cuentas y finanzas de la organización terrorista ETA y por participar en el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto», mientras que el segundo «es un etarra huido a Venezuela, donde comparte refugio con el etarra Ignacio de Juana Chaos».
Los escritos de APAVT y Dignidad y Justicia han caído en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que dirige José Luis Calama. Se espera que el magistrado aguarde a tener todos los informes de Fiscalía sobre las distintas convocatorias para adoptar una decisión al respecto.
Vox y la Fundación Villacisneros, por su parte, han remitido escritos a la Subdelegación de Gobierno en Guipúzcoa y a la Delegación de Gobierno en Navarra, respectivamente, solicitando igualmente la cancelación de los actos programados en estos territorios para el próximo viernes.
