Luego de la reunión que sostuvo Evelyn Salgado Pineda con miembros de la Coparmex Chilpancingo, la gobernadora de Guerrero fue cuestionada sobre el plazo que le dio la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para brindar seguridad a comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y José Joaquín de Herrera, o de lo contrario entregarán armas a 70 niños y niñas; a lo que la mandataria respondió que “las únicas armas que deben tener los niños son libros”.
El pasado 6 de enero se movilizaron cientos de indígenas nahuas, miembros del CRAC-PF, para exigir al gobierno de Salgado Pineda protección para los habitantes de las comunidades de Ciénega de Puerto Alegre y Guajes de Ayala. Los manifestantes aseguraron que dichas comunidades de la Montaña baja están siendo asediados por una ola de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados producto de la actividad de organizaciones criminales.
Los miembros del CRAC-PF pidieron a la gobernadora que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional tomen el control de los módulos que instaló la Policía Estatal en el crucero Tlachimaltepec, el módulo municipal de José Joaquín de Herrera y el que está en el punto llamado “Tres postes negros”.
El CRAC-PF acusa a los elementos de la policía estatal de estar coludidos con los grupo criminal de Los Ardillos, por lo que dieron un plazo de ocho días para que Salgado Pineda envíe a los elementos de seguridad, o de lo contrario armarán a 70 niños y niñas de la región.
Por su parte, la gobernadora del estado insistió en que su administración garantizará que los menores de edad estén en la escuela, y que lo correcto era llevar a las comunidades actividades artísticas y culturales como talleres de pintura.
Salgado Pineda abordó el tema de los usos y costumbres, y agregó que su gobierno busca cambiar estos paradigmas que están fuera de la ley. Sin embargo, no aclaró si enviaría o no elementos de seguridad a las comunidades.
¿Chantaje?
El obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, comentó a medios locales que las demandas del CRAC-PF son un “chantaje” y “show mediático” para que el gobierno del estado envíe recursos económicos a la zona. Cuestionó la denuncias y aseguró que dichas comunidades no son víctimas de la violencia que acusan; no obstante, reconoció que sí hay carencias en la región de la Montaña baja, por lo que pidió a la gobernadora atenderlos, pero “sin chantajes”.
