Las detenciones de migrantes en México siguen ocurriendo con «un uso excesivo de fuerza» y con «muy poca o nula orientación jurídica» hacia los migrantes, según han denunciado en un informe el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) y la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La investigación está basada en testimonios de migrantes detenidos en Puebla y en Tlaxcala recabados entre agosto y septiembre del 2021 que revelan que los migrantes son «amontonados en espacios precarios, insalubres o de alto riesgo de contagio al covid-19 que pueden ser considerados también como entornos torturantes en donde diariamente se vulneran sus derechos humanos y su dignidad como personas».
El texto, titulado ‘Vidas en contención’, expone que durante las o detenciones los agentes no cumplen con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Un 60 por ciento de las 45 personas entrevistadas aseguran que en la detención los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) «no mostraron su identificación oficial con fotografía ni un documento que autorizara el operativo».
Además, «en la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo con un uso excesivo de fuerza y malos tratos: golpes, jalones, malas palabras, amenazas, robos y extorsiones por parte de las autoridades», según el estudio, recogido por el diario mexicano ‘La Jornada’.
[ Se discuten en Congreso alternativas al cigarroOpens in new window ]
Por otra parte, pese a que el INM es el organismo con la competencia exclusiva para ejecutar deportaciones, al menos una docena de testimonios reflejan «la creciente y preocupante participación de policías estatales y municipales o bien de la Guardia Nacional, en ocasiones sin estar actuando de manera coordinada con agentes migratorios».
En cuanto al tiempo de detención, el IDHIE y el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla ha reseñado que si bien el instituto está obligado a resolver la situación migratoria en un plazo no mayor a 15 días hábiles y el alojamiento puede extenderse hasta 60 días, se han documentado casos en los que rebasan este tiempo.
También han advertido de que en la estación migratoria de Puebla hay cobros a los migrantes por parte de las autoridades para recibir material de limpieza, comida, hablar por teléfono y hasta para permitirles la salida, estos últimos entre los 600 a los mil dólares.
