Roberto Sandoval Castañeda y Edgar Veytia Camberoy, ex gobernador y ex fiscal de Nayarit, respectivamente, crearon una estructura amparada por el estado para operar a favor del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, denuncia un informe de la Secretaría de gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En el informe cuentan de principio a fin cómo se desarrolló la relación de los ex funcionarios con los cárteles de droga, desglosando a manera de crónica hecho por hecho el por qué y cómo se fue creando una estructura, por medio de las fuerzas de seguridad, que no descartan que siga operando en Nayarit, ahora para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tres periodos para el desarrollo de la estructura criminal en que incrementa cifra de desaparecidos y ejecutados
En el informe se desarrollan tres periodos de evolución de los nexos que tuvo el crimen organizado con dos administraciones estatales en Nayarit, la del gobernador Roberto Sandoval Castañeda del 2011 al 2017, en complicidad con el entonces fiscal Edgar Veytia, y la del panista Antonio Echevarría García, pese a la alternancia de gobierno en 2017.
“Durante el periodo 2011-2016 en Nayarit, operó una alianza entre el Cartel de los Beltrán Leyva, y la estructura criminal construida por Roberto Sandoval Castañeda y Edgard Veytia Cambero. Como parte de ese pacto, desde el estado nayarita se protegía a ese grupo criminal y se elimina a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Su recompensa no sólo era monetaria, sino que permitía también ensalzar al gobierno en el combate contra el crimen organizado. No obstante, las autoridades nayaritas no detenían ni ejecutaban a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo”, explican en el informe.
Posteriormente, afirman que a principios de 2017 comenzó un proceso de ruptura entre las autoridades del estado y el cártel de los Beltrán Leyva, organización criminal con la que las autoridades habían establecido una alianza que le garantiza impunidad y la operación hegemónica del territorio nayarita.
“Esa ruptura implicó que el grupo ejecutor de la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) llevara a cabo tres tareas: la detención o ejecución de sus antiguos socios; la distribución del producto de su nuevo aliado; y el reclutamiento de personas que operarían para el cartel que ahora controlaría el territorio bajo el amparo de la fiscalía.
“La respuesta de los Beltrán Leyva a la pérdida de los servicios de la FGEN se concretó tres meses después a través de la desaparición y/o ejecución de personas, entre éstas, las que: integraban al CJNG; habían sido reclutadas para vender para ese cartel, distribuían su producto y el de las allegadas a cualquiera de las anteriores”, informa la Comisión Nacional de búsqueda.
Dicho periodo de la evolución de la alianza del gobierno de Nayarit con el crimen organizado fue marcado por la traición que el fiscal y el gobernador ejercieron en contra del cártel de los Beltrán Leyva, el cual se encontraba ya tan debilitado que no tuvo oportunidad de combatir a la Fiscalía que anteriormente había sido su aliada.
Posterior a ello se registra la detención de Edgard Veytia Cambero (un mes después de su traición) y la pérdida de las elecciones del PRI en el 2017.
“Ambos hechos implican que tan sólo meses después, la Fiscalía General del Estado de Nayarit Estaba tan o más debilitada que los Beltrán Leyva, los que: 1. siguieron disputando la plaza al CJNG y 2. vieron la posibilidad de mostrar su fuerza al nuevo grupo en el poder al tiempo en que castigaban la traición de la FGEN a través de la eliminación de integrantes de su grupo ejecutor”, señalan.
Finalmente desarrollan el hecho de que la alianza se extiende a los años posteriores a las elecciones del 2017, pese a la alternancia de gobierno, evolucionando con un incremento en las cifras de ejecuciones y desapariciones forzadas en el estado.
“Para el 2021 muestra una tendencia mayor que la registrada en 2017, lo que permite afirmar que los carteles siguen disputando el control del territorio nayarita y que posiblemente la estructura criminal de la FGEN sigue operando, ahora para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Con ello se pretende mostrar que, más allá de las desapariciones masivas que tienen lugar en 2017, la desaparición de personas ocurridas en el periodo 2011-2021 podría responder a la actuación de una estructura criminal a través de la cual cientos de personas han sido desaparecidas y han sido víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos”, explaya el documento.
Roberto Sandoval Castañeda
Detenido en el penal de Tepic por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Roberto Sandoval Castañeda fue gobernador del estado de septiembre de 2011 a septiembre de 2017.
El ex gobernador fue acusado de malversar bienes del estado y de recibir sobornos a cambio de información y protección al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la organización Beltrán Leyva, además, fue buscado por la Interpol y autoridades mexicanas por los delitos de corrupción, presuntos nexos con el narcotráfico, despojos, secuestros y homicidios.
Actualmente se encuentran asegurados inmuebles de propiedad de Sandoval Castañeda por montos de 170 millones de pesos.
Edgar Veytia Cambero
En 2011, tras la renuncia del Procurador General de Nayarit, Veytia quedó como encargado del despacho de la procuraduría para asumir el cargo como titular dos meses más tarde. Ya en 2013 asumió el cargo de fiscal, a la entrada en vigor de las reformas a la ley a nivel nacional en materia de procuración de justicia.
En septiembre de 2019 fue condenado a 20 años de prisión por una corte federal en Brooklyn en Estados Unidos, después de que se declarara culpable de participar en una red internacional de narcotráfico.
De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Búsqueda que cita a Muedano, 2017, la relación entre Veytia y el crimen organizado parece iniciar en el momento en que obtiene y opera la concesión de diversas rutas de transporte público en Tijuana, Baja California.
“Los señalamientos apuntan a la utilización de sus autobuses para traficar droga y lavar dinero (La Silla Rota, 2019) y presentan como fundamento la detención en el estado de Sonora de su cuñado Miguel, quien fue acusado de conspiración para manufactura, distribución e importación internacional de estupefacientes (Barajas, 2020).
“Su incorporación a instancias de gobierno (particularmente de administración de justicia) responde a la búsqueda de poder para continuar con el tráfico de drogas, más que a una trayectoria dirigida al servicio público. De hecho, dos años después de su detención el Poder Legislativo de Nayarit señaló algunas de las irregularidades e ilegalidades cometidas para acceder a dicho puesto”, detallan.
El mando único y su papel en las redes criminales a cargo del estado
La precarización laboral en el estado de nayarit, cuyas fuentes de trabajo preponderantes que otorgan las prestaciones laborales debidamente protegidas por la ley son el magisterio y la burocracia, abre la puerta a que en el estado las personas opten por buscar un trabajo, por ejemplo, en las filas policiacas, señalan en el informe.
En este contexto, Nayarit tuvo durante años un aparato policial cooptado por un mando único que respondía a las necesidades de las organizaciones criminales cuya cabeza se resumía en una sola figura: el fiscal general, Edgar Veytia.
“Hablar de un aparato policial estatal al servicio de los carteles inició con la creación de la policía de Nayarit. Ésta se crea por Veytia, cuando éste fungía como Subprocurador.
Generar un plan estatal de seguridad basado en la creación de esa policía (ya cooptada para la actuación criminal), escaló a la conformación de un mando único de las policías para toda la entidad.
“Formalmente, este mando único que fue avalado por instancias federales permitirá un eficaz combate a la delincuencia, no obstante, de facto significó el control de la seguridad pública del entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (New Network, 2013), quien podía tener el mando de las policías municipales y dar el visto bueno en las designaciones de los cargos principales (New Network, 2013)”, detallan la Comisión Nacional de Búsqueda,
Ello lleva a la conclusión de que los recursos que poseían las fuerzas de seguridad en Nayarit, tanto en equipo, como en personal, estaban destinados a la operación criminal.
La ruptura de la fiscalía con los Beltrán Leyva
Luego de que la fiscalía de nayarit traicionara a sus aliados, el cártel Beltrán Leyva, comenzó mediante uno de sus brazos armados a ir por un ajuste de cuentas, mientras los grupos criminales se disputaban el territorio entregado por el gobierno a principios del 2017 al Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Las personas asociadas con Edgard Veytia Cambero estaban siendo masacradas. Si entre junio y septiembre de 2017 se observó un alza en las desapariciones, entre octubre y diciembre del mismo año lo que privó en las estadísticas fue el homicidio doloso”.
El proceso de “venganza” de los Beltrán Leyva consistió en masacrar a los elementos de la organización criminal que operaban como halcones o narcomenudistas, no con los líderes de la organización delictiva, intentando debilitar y desarticular a la estructura de la fiscalía “desde abajo”.
“Algunas familias temen que las personas detenidas que formaban parte del grupo ejecutor de las fiscalías están siendo protegidas al interior de los penales. No sería una práctica nueva. Detenerles permitiría a la estructura criminal de la FGEN, mostrar resultados y protegerse al mismo tiempo”.
Luego de la detención de Veytia, detallan, personal de la fiscalía dejó la corporación para integrarse directamente a los cárteles, y también que quienes se quedaron en la fiscalía continuaron operando para éstos. Hubo participación de unos y otros en las desapariciones masivas de 2017.
“Tampoco se tiene información de que este tipo de hechos sea parte de las líneas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Nayarit explore para esclarecer las desapariciones. Otro de los elementos que permite afirmar la continuidad de una estructura criminal, son las prácticas irregulares que se mantienen en la investigación de los casos de las personas desaparecidas”.
Ejemplos
- Luis Antonio Torres Valdivia deja la fiscalía y queda a cargo de una de células delictivas, fue señalado por personas que atestiguan esos eventos.
- Roberto Quiñones presionó a integrantes del grupo operado de la fiscalía de menor rango a reclutar a personas para trabajar en el CJNG. Sin embargo, nada se hizo para procesarlo judicialmente, la fiscalía argumentó que ya no trabajaba ahí, que se había dado de baja, y que no sabían dónde estaba.
- En octubre de 2021 se extravió una entrevista que estaba en el expediente de una de las personas desaparecidas y que resulta clave para actualizar la conducta delictiva de uno de los integrantes del grupo ejecutor de la fiscalía. La entrevista fue recuperada por presiones de los familiares de la persona desaparecida.
- Para junio de 2021, lo reportado en fuentes abiertas en relación a la actuación de la FGEN, apunta a que las estructuras criminales que se crearon en Nayarit no fueron disueltas.
Cifras de ejecutados y desaparecidos en el informe
La desaparición y el aumento de homicidios dolosos durante el periodo del 2018 a 2021 muestran que la disputa por el territorio nayarita no ha terminado por lo que las investigaciones sobre éstas tendrían que apuntar a determinar si continúa operando la misma estructura criminal, si se ha creado otra y en su caso, para qué cartel operan hegemónicamente.
Las personas desaparecidas materia de este informe, hacen parte de un contexto más amplio que abarca el año 2021. En el marco de esos diez años, es posible observar que, de enero de 2011 a junio de 2021, el estado de Nayarit acumuló 1,063 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, y que el 91% de estos (967) ocurrió entre enero de 2017 y junio de 2021.
A partir de 2017, particularmente después de la detención de Edgar Veytia Cambero, los registros de desaparición se dispararon un 800%, tal como sucedió con la cifra anual de homicidios dolosos, que de 39 carpetas de investigación abiertas por este delito se pasó a 255 (lo que se traduce en un incremento del 554%).
En total, hubo un registro de 2 mil 104 homicidios dolosos entre enero de 2011 y junio de 2021, solo en 2011 se cometió el 21. 67%de ellos (456). Después de este año,y durante el mandato de Roberto Sandoval Castañeda, los registros de homicidios dolosos fueron disminuyendo anualmente hasta llegar a las 39 carpetas de 2016.
