MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Varias ONG han pedido al vicepresidente general de la ONU para operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, que ilegalice el Batallón de Acción Rápida (RAB) en Bangladesh por las denuncias que pesan sobre sus miembros sobre torturas, desapariciones y otras violaciones de Derechos Humanos.
En una carta enviada hace dos meses, que ha sido publicada este miércoles, doce organizaciones comprometidas con los Derechos Humanos, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Human Rights Watch, expresaron su preocupación porque muchos miembros del RAB estén siendo enviados a misiones de la ONU, pese a la «evidencia consistente y creíble de abusos».
En este sentido, detallaron que muchos de estos miembros «están siendo recompensados» por el Gobierno de Bangladesh. En concreto, ponen el ejemplo del inspector general de la Policía, Benazir Ahmed, que recibió una medalla por su labor como jefe del RAB de 2015 a 2019, un período en el que hubo 136 denuncias extrajudiciales, ejecuciones y diez desapariciones forzadas, presuntamente a manos de agentes bajo su mando.
Asimismo, resaltan que el Gobierno de Bangladesh «ha persistido en negar los abusos y se niega a investigar las denuncias, detener a los perpetradores o que rindan cuentas». Las doce ONG han pedido que, para evitarlo, se garantice que «todo el personal uniformado desplegado por Naciones Unidas, independientemente de su nivel o rango, esté sujeto a un escrutinio sistemático de su historial individual de Derechos Humanos antes del despliegue».
«El despliegue de miembros del RAB en operaciones de mantenimiento de la paz refuerza el mensaje de que graves abusos contra los Derechos Humanos no impedirán que uno preste servicio bajo la bandera de la ONU», han dicho en un comunicado, resaltando que esto supone «un grave riesgo para la reputación de la ONU».
Tal y como resaltan las organizaciones en su comunicado, en marzo la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que había «alegatos de tortura y malos tratos por parte del RAB». Además, Estados Unidos aplicó sanciones a Bangladesh por este mismo motivo.
«En lugar de dar pasos hacia la reforma, el Gobierno de Bangladesh ha respondido al anuncio de sanciones de Estados Unidos con negaciones y represalias contra los defensores de los Derechos Humanos y las familias de las víctimas, que informan que los agentes se presentan en sus casas, les amenazan y les obligan a firmar declaraciones falsas que niegan las desapariciones», han dicho.
