El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca vetó la iniciativa de Ley de Austeridad aprobada por el Congreso de Tamaulipas el pasado 15 de diciembre, así como la de remuneración a servidores públicos.
El 14 de enero, arribaron los vetos de Cabeza de Vaca al congreso del estado, que se turnaron a las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, y de Estudios Legislativos para su análisis, durante la sesión ordinaria del 18 de enero.
La ley fue promovida por la fracción legislativa de MORENA en el congreso local y consiste en la reducción de salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Asimismo, establecen en la ley la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social, se prohíben regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación.
Durante la aprobación de la ley, la Diputada de MORENA Úrsula Salazar Mojica destacó la importancia de dedicar una mayor inversión a las áreas de salud, educación, seguridad, entre otros y no a lujos para los funcionarios del gobierno.
“Observamos que aún con estas carencias siguen existiendo vehículos de lujo, viajes y hospedajes de lujo. Es una incongruencia que veamos problemas sociales y lujos políticos”, mencionó.
Por su parte, el diputado Félix García Aguilar, homólogo panista de Cabeza de Vaca, rechazó que en la ley se restrinja el uso de vehículos de propiedad del estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
“No estamos de acuerdo con el artículo 26 en referencia con los vehículos aéreos propiedad del Estado. Contar con el servicio estatal de transporte aéreo, permite al Ejecutivo del Estado la supervisión de acciones y programas en toda la entidad y mantener la unidad estatal, es decir, la gobernabilidad.
“No dejemos que la austerocracia que tanto defienden dificulte la tarea de gobernar la entidad”, mencionó.
En la ley se prohíben, entre otras cosas, los uniformes administrativos y escoltas, con excepción de los funcionarios pertenecientes a corporaciones de seguridad, igualmente en el tema de acceso a servicios privados de salud.
Se prohíbe también la compra o arrendamiento de vehículos de lujo y se establece que los salarios de los funcionarios se ajustan al tabulador establecido en los términos del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado.
