Los exdirectivos del Banco Vaticano Paolo Cipriani y Massimo Tull han sido condenados a resarcir a la entidad con 40 millones de euros, después de que el Tribunal de Apelación del país aceptara la «mala gestión» que ejercieron durante los años 2010 y 2013, cuando estuvieron en activo, al haber violado las normas antireciclaje.
La Corte ha revalidado de este modo la sentencia en primer grado, emitida en 2018, que les obligaba al pago de la mencionada multa debido a la «mala gestión» que ejercieron en el Instituto para las Obras de Religión, el IOR, conocido como el Banco Vaticano.
El tribunal del Vaticano no ha admitido a trámite las instancias presentadas por los abogados de los condenados y les ha sentenciado a indemnizar al IOR por «los daños causados» con un total de 40.5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
En concreto, deben abonar 35.7 millones de euros en calidad de daño emergente, es decir, por el perjuicio derivado de una acción negativa sobre un bien patrimonial, y 4.7 millones a causa de lucro cesante, por la ganancia que la entidad no obtuvo a causa de sus responsables. Además, deberán hacerse cargo de los costes del proceso judicial.
Según afirmó el Vaticano tras la condena en primera instancia, el fallo supuso «un paso importante que refleja el trabajo significativo de la dirección del IOR en estos últimos cuatro años para transformar el instituto» con el objetivo de mejorar la gestión y aplicar una mayor transparencia.
Actualmente, el banco cuenta con unos 15 mil clientes, en su mayoría religiosos, congregaciones y empleados de la ciudad Estado, y gestiona unos 5 mil 700 millones de euros. El Papa emérito Benedicto XVI (2005-2013) lanzó una gran operación de limpieza de las cuentas bancarias de la institución financiera que provocó con el cierre de casi 5 mil por sospechas de blanqueo de capitales.
