Acusa a España de «colaborar activamente» con Venezuela por seguir adelante con su entrega
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El opositor venezolano Ernesto Quintero ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde solicita que suspenda cautelarmente su extradición a Caracas, que está fijada para el próximo 12 de febrero, alegando que es víctima de una «persecución desmedida» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que su regreso a la nación caribeña entraña «un riesgo directo, plausible y tangible para su vida».
Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.
Desde entonces está encarcelado en la cárcel de Soto del Real, a la espera de que España y Venezuela acordaran su fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones, fecha que finalmente se ha fijado para el 12 de febrero.
En este contexto, la defensa de Quintero, que ejerce ‘pro bono’ Oliver Abogados, ha realizado un movimiento ‘in extremis’ para paralizar la extradición presentando una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una presunta vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la persona de su cliente.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se solicita al Comité de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares para suspender con carácter «urgente» la entrega de Quintero a Caracas, argumentando que en este caso concreto es de «vital trascendencia», «puesto que de producirse supone una vulneración inminente de su derecho a la integridad personal y el derecho a la vida».
MENSAJE A ESPAÑA
En particular, reclama que «se inste a las autoridades españolas, como Estado parte, a que no materialicen la entrega de Quintero a las autoridades venezolanas» porque iría en contra de «los pronunciamientos de los organismos internacionales donde se plasma que en Venezuela se producen vulneraciones sistemáticas de los Derechos Humanos», incluidos «procesos judiciales sin respetar las garantías» básicas.
«El Estado requirente es Venezuela, un país que tiene un Gobierno y unas instituciones judiciales no reconocidas por la comunidad internacional por haber obtenido el poder ilegítimamente y vulnerar sistemáticamente los Derechos Humanos», esgrimen los abogados de Quintero, recordando en este sentido las pesquisas en el Tribunal Penal Internacional (TPI) y las sanciones de la Unión Europea contra dirigentes venezolanos.
Por ello, indican que «el hecho de que España haya accedido a la entrega de un ciudadano a Venezuela supone un quebranto de la normativa internacional», recalcando que en otras ocasiones las autoridades españolas han rechazado extradiciones al país latinoamericano por considerar que dichas peticiones «escondían motivaciones políticas» y que, de materializarse, el reclamado podría sufrir violaciones de los Derechos Humanos.
Los abogados no solo denuncian que «España está colaborando activamente con Venezuela» en este caso, sino que además acusan a las autoridades españolas de haber violado «directamente» los derechos de Quintero por mantenerle encarcelado a pesar de que, según sostienen, no había riesgo de fuga porque tiene su vida en Madrid, donde trabajaba y donde residen su mujer y su hija. «España le ha quitado un año de vida», reprochan.
«INMERSO EN UN MIEDO INSUPERABLE»
En su relato ante el Comité de Derechos Humanos, la defensa de Quintero incide en que «solo era un empleado por cuenta ajena con funciones de contabilidad» en una empresa, ABA Servicios Financieros, que tenía acciones en «un medios de comunicación con tendencia opositora al régimen ‘chavista’ y ‘madurista'» que acabó siendo intervenida por el Gobierno venezolano.
Después de que el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, anunciara públicamente «una severa persecución» de las personas investigadas, incluido su cliente, Quintero, «inmerso en un miedo insuperable, decidió cruzar la frontera a pie hasta Colombia».
En 2018, se trasladó a España por «motivos profesionales» y un año después se reunieron con él su mujer e hija, instalándose toda la familia en Madrid, donde viven desde entonces.
Fue detenido el 27 de febrero de 2019 por una alerta roja de Interpol emitida a instancia de las autoridades venezolanas que, según la defensa, obedece a «intereses políticos».
En este sentido, explica que Quintero es víctima de «una persecución desmedida» porque «es visto como un miembro de la oposición» debido a «la persecución a las casas de bolsa que realiza el Gobierno venezolano».
Con todo, alerta de que «los antecedentes de los que se dispone sobre el trato que reciben los miembros de la oposición en Venezuela cuando son detenidos» auguran que «no será juzgado por un tribunal imparcial» y que «será sometido a tratos inhumanos», por lo que subraya que «las consecuencias de dicha entrega entrañan un riesgo directo, plausible y tangible para su vida».
