El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.
Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.
Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.
Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares.
“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables. Sin miedo, señaló a cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas. Dos de ellos, (Abraham “N” y Wenceslao “N”), fueron detenidos e imputados por el crimen de Leobardo Vázquez entre 2018 y 2019. Otro fue asesinado y el cuarto permanece prófugo.
La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Ferral conocía los abismos del poder en un territorio que abarca cuatro mil 300 kilómetros cuadrados y 20 municipios que, por su ubicación, concentran una compleja red de poder político y económico en la región Totonaca y parte de la Huasteca. Así ella se convirtió en objetivo para ser asesinada.
Revelaciones
El periodista Leobardo Vázquez no fue el único que buscó a María Elena cuando la muerte lo acechó. También lo hicieron políticos y líderes taxistas, quienes recurrieron a ella para contarle sobre las amenazas que habían recibido y los temores que enfrentaban ante la disputa por el poder. Todos los que la buscaron fueron asesinados.
Es por eso que sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, de acuerdo a la red de vínculos que, por primera vez, esta investigación de la Alianza de Medios MX pone en evidencia.
Pero el poder político no fue lo único que Ferral exhibió. En esta zona de Veracruz, por la costa, atraviesa la carretera federal 180 que recorre seis estados del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Conecta el tránsito de insumos esenciales para el comercio, pero también es una ruta indispensable para la migración, trata de personas, tráfico de drogas y combustible robado, de acuerdo con informes oficiales.
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El 12 de marzo de 2020, una columna que podría parecer como tantas otras, no lo fue, decidió su vida. En su sitio web Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder, esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue, su crimen formó parte de esa disputa.
Alianza de Medios MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral, y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.
En un hecho inédito, medios de todo el país se unen para dar a conocer el entramado de este caso que hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros como parte de la logística del crimen.
A la fecha, seis personas fueron detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.
Sin embargo, las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. Una explicación podría encontrarse en que la responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y demostraron su cercanía en eventos públicos documentados en este reportaje.
Así, las predicciones de Ferral se cumplieron. Nueve políticos posiblemente ligados con el crimen, al frenarse las pesquisas, lograron competir en las pasadas elecciones del 6 de junio. Unos fueron derrotados en las urnas; pero otros, en cambio, se sumaron al proyecto de Morena a través de sus familiares y tomaron posesión como diputados locales y alcaldes, añejando cuatro años más el poder.
El asesinato de la periodista, ocurrido el 30 de marzo de 2020 (antes de las elecciones en Veracruz), fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra periodistas en Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.
En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.
El interés oculto
El norte de Veracruz es una de las zonas más codiciadas en la entidad por sus riquezas, especialmente las del subsuelo. En Tuxpan (uno de los tres puertos en el estado), inicia la trayectoria del poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) Tuxpan-Azcapotzalco, uno de los más saqueados por huachicoleros en el país, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El poliducto de Pemex abarca cinco municipios del norte: Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán, Coatzintla y Poza Rica, donde el huachicol y otros delitos como los robos de vehículos, ganado, madera, secuestros y asesinatos, han permitido el asentamiento de por lo menos cuatro grupos de la delincuencia identificados por autoridades: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, 35-Z y Grupo Sombra.
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Pero la ruta de hidrocarburo en el norte también pasa por otros municipios donde este ilícito es altamente practicado: Papantla, Espinal, Coxquihui y Coyutla, ciudades que conforman una importante región: La Totonaca, que se prolonga en su parte sur hasta Gutiérrez Zamora.
En esa región Totonaca, Papantla despierta el mayor interés político y económico, por ser el municipio más grande del norte veracruzano, con 160 comunidades. Es reconocida por su alta producción de naranjas, limones, vainilla, café, tabaco y ganado de engorda. Pero también es una muestra de que el poder se hereda. Dos integrantes de una misma familia, Los Romero, gobernaron Papantla los últimos seis años (2014-2021). El perredista Mariano Romero González, sucedió en 2018 a su tío, Marcos Romero Sánchez.
Marcos Romero es un personaje clave ligado al grupo político denominado Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio vecino de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.
El líder del Grupo Totonacapan, expuso Ferral en sus columnas, es Basilio Picazo, ex diputado de Papantla, ex alcalde de Coyutla y desde 2019 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista. Se trata de un personaje que ha ostentado el poder en los últimos 15 años, quien de acuerdo a testimonios expresó su repudio hacia Ferral, y mantiene una influencia política sobre quienes ahora lo investigan.
Grupo Totonacapan
Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021).
Picazo fue 2 veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno del priista Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018.
Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla.
En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. Ambos solicitaron la desaparición de poderes en Coyutla; sin embargo, no pasó nada y concluyó su cuatrienio, heredándoselo a su hermano Benito Picazo, otro integrante del Grupo Totonacapan.
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El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el ex síndico fue asesinado frente a su hijo de nueve años en la comunidad de San Andresito, Coyutla. Días antes del atentado, el político buscó a Elena Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró (en entrevista) que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.
Por el crimen del exsíndico Vázquez fueron detenidos en julio de 2005 dos autores materiales: Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera. Uno de ellos declaró haber recibido 70 mil pesos de Picazo, según consta en la causa penal 116/2005. La autoridad giró la orden de aprehensión 116-2205 contra el exalcalde por su probable autoría intelectual pero nunca fue detenido.
Ferral entregó la grabación de su entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades que investigaban el crimen. Días después, hombres desconocidos dispararon contra ella afuera de su casa, hiriéndola en una pierna. “Por miedo no denunció”, aseguró su hija.
Dos ex procuradores de justicia de Veracruz -el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)- no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Salvador Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas. Fue el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien declaró que el crimen del exsíndico había sido esclarecido.
El entonces diputado y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, Sergio Vaca Betancourt, pidió la renuncia del procurador Mikel Rivera y advirtió “intereses oscuros y políticos en favor del cacique de Coyutla”. Alianza de Medios MX solicitó una postura al exprocurador Emeterio López, sobre la razón que impidió la detención de Basilio, sin embargo no hubo respuesta.
En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió diversas lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.
Impunes, Rómulo Salazar y Basilio Picazo continuaron acumulando poder en la región Totonaca. Aunque no aparecían en boletas electorales o cargos públicos, sí lo hicieron sus hijos, sobrinas y hermanos. En 2015, por ejemplo, impusieron a dos mujeres como candidatas a la diputación federal por Papantla: Por el PRI, María Luisa Picazo (hermana de Basilio y Benito Picazo), compartió fórmula con Erika Romero Copca, y por el PRD Heidi Salazar (hija de Rómulo Salazar).
* Miguel Ángel León Carmona, Marcos Muedano e Ignacio Alzaga
Alianza de Medios MX, de la que Publimetro forma parte
