En Morelos, dos gobernadores han sido sometidos a juicio político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del priista Jorge Carrillo Olea y del ex panista Sergio Estrada Cagigal. A ambos, sus hombres de confianza y encargados de la procuración de justicia fueron señalados por facilitar e incluso orquestar secuestros.
El actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, podría ser sometido a juicio político, luego de revelarse fotografías con criminales e, incluso, mantener en su gobierno a Antonio Mazari, primo de Santiago Hernández, ‘El Carrete’, ligado al grupo delictivo de Los Rojos.
En Morelos la historia podría repetirse. De acuerdo con actores políticos de la entidad, “las omisiones, abusos y escándalos que envuelven al gobernadorCuauhtémoc Blanco alcanzan para llevarlo a juicio político”.
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Los hechos
El 4 de enero pasado, se difundió una fotografía de Cuauhtémoc Blanco con integrantes del crimen organizado.
En la imagen se observa a Irving Eduardo Solano Vera, ‘El Profe’ o ‘El Gato’, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.
También aparece Homero Figueroa Meza, ‘La Tripa’, líder del grupo criminal conocido como ‘Comando Tlahuica’ o ‘Los Tlahuicas’; luego a Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘El Ray’, líder regional del CJNG en Morelos, asesinado el 30 de octubre de 2019 en el interior del Centro de Reinserción Social ‘Morelos’, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.
Después, sobrevino el asesinato de Benjamín López Palacios, alcalde del municipio indígena de Xoxocotla.
A ello, se sumaron las denuncias penales y solicitudes formales presentadas por integrantes del Colegio de Abogados y 11 diputados locales ante las Fiscalías estatal, Anticorrupción y General de la República, por presuntos vínculos con el narcotráfico y encubrimiento.
En diciembre, resaltó la ausencia del gobernador de Morelos en pleno pico de la cuarta ola de coronavirus y de hechos violentos en la entidad. Cuauhtémoc Blanco se fue de vacaciones a Brasil.
Un año atrás también figuró por investigaciones por enriquecimiento ilícito de varios personajes de su círculo cercano, entre ellos, su manager y jefe de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, y su hermano Ulises Bravo, además de otros amigos cercanos.
Las posturas
El primer paso para resolver esta crisis política y de ingobernabilidad en Morelos es que Cuauhtémoc Blanco se separé temporalmente de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de Morelos, pide Enrique Paredes Sotelo, abogado y presidente en funciones del Partido Político Movimiento Alternativa Social (MAS).
La solicitud formal se hizo ante Alejandro Govinda Riquelme, director de operación y seguimiento Sur 4 de la SSP en funciones de secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.
El argumento es que el mandatario está bajo investigación por presuntos vínculos con grupos delictivos, por lo que existe el riesgo de una posible filtración de información sobre las estrategias de seguridad.
En este sentido, coincidió Jorge Meade Ocaranza, priista morelense con años de experiencia y trabajo en la función pública y ex candidato a la gubernatura de Morelos.
“No es la primera vez que es señalado de presuntos vínculos, ocurrió cuando era candidato y ahora siendo gobernador y no ha dado nunca una explicación al respecto y, al estar hoy en entredicho su verdad, me parecer un riesgo para la Mesa de Seguridad y para las autoridades que la integran, es un riesgo que él (Blanco Bravo) participe”.
— Jorge Meade Ocaranza
Por su parte, Matías Quiroz Medina, ex secretario de gobierno y actual presidente del PRD en Morelos, dijo que “bajo esta condición, donde hoy el sospechosismo rodea al gobernador Cuauhtémoc Blanco por las fotografías donde posa con líderes de grupos delincuenciales sería sano y sería prudente que se separé de las mesas de seguridad, donde se conoce información de primera mano que tiene que ver con la operación y detención de grupos delictivos en la entidad”.
En tanto, Juan Carlos Flores, integrante del Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire Morelos, Tlaxcala y Puebla (FDTAAMTyP) y compañero de lucha de Samir Flores Soberanes, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, quién fuera asesinado el 20 de febrero de 2019, pidió que se revise si es necesario que el gobernador participe en dichas mesas de seguridad.
“En vista de todas estas fotografías y todo lo que se ha estado ventilando y destapando de su situación de vinculación con el narco, es conveniente la separación (de la mesa de seguridad), pero sobre todo habría que ver cuáles son las competencias, facultades y responsabilidades que tiene ahí como gobernador, porque no solamente sería suspenderlo temporalmente de ahí. Podría estar, desde hace tiempo, filtrando información durante por lo menos tres años”.
— Juan Carlos Flores
El defensor social sostiene que Blanco Bravo debe ser incluido en una nueva línea de investigación como parte del asesinato de Samir.
¿Alcanza para llevarlos a juicio político?
Julio Cesar Solís, diputado local de Movimiento Ciudadano, consideró que llevar a juicio político al gobernador será un tema de análisis en el recinto legislativo una vez que concluyan las investigaciones (que él junto con otros 10 diputados solicitaron) por supuestos vínculos con grupos delincuenciales.
“Para nosotros es importante que, primero, sea la autoridad competente la que investigue y aclare si existe o no algún vínculo del mandatario con los grupos delictivos y, una vez que se tengan los resultados, de ser el caso, procederíamos a impulsar un juicio político”.
— Julio Cesar Solís
No obstante, hay quienes opinan que cumple todos los requisitos.
“Me parece que ya se rebasaron las condiciones, ha violentado la Constitución cuando fue candidato, cuando nombró a sus secretarios y ha sido acusado por corrupción, ahora de presuntos vínculos con el narcotráfico (...) nunca he visto una situación tan caótica, sin orden, sin proyecto, hay muchas condiciones ya para que se vaya el gobernador”.
— Jorge Meade Ocaranza
Recordó que en la época del ex gobernador Jorge Carrillo Olea se le llevó a juicio político debido a que integrantes de su equipo fueron ligados con el crimen organizado.
“Yo creo que los elementos que marca la Constitución política están ahí muy claros, muy precisos sobre las responsabilidades que el mandatario pudiera estar vendiendo, por ejemplo, la ausencia, la carencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, en la toma de decisiones que empaten con las responsabilidades que le confiere la constitución política, no se pueden caer en subjetividades, así que se debe hacer un análisis jurídico y político a fondo”.
— Matías Quiroz Medina
“Lo importante es seguir jalando el hilo de todo lo que está pasando a raíz de esta situación (los presuntos vínculos del mandatario con líderes del narco) y tener más elementos para que, si se impulsa un juicio político, tenga resultados (...) porque en este momento estamos viendo el asesinato de un alcalde de Xoxocotla y narcomantas que acusan al gobernador de traición... es un desbordamiento es un estado fuera de control y de ingobernabilidad y quién tiene el poder es el crimen organizado y con estas vinculaciones ,esta falta de confianza en el ejecutivo...”, señaló Juan Carlos Flores.
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Enrique Paredes adelantó que en los próximos días promoverá un juicio político en contra del gobernador.
Finalmente, todos coincidieron en calificar como ‘patadas de ahogado’ las denuncias que presentó Blanco Bravo el lunes para solicitar que se investigue la narcopolítica en Morelos.
