Afea a Igualdad que no haya consultado con sindicatos y empresas las medidas sobre discriminación laboral al colectivo LGTBI
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado esta semana el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en el que valoran el texto «positivamente» y califican de «notable avance» la «despatologización» del colectivo y, por tanto, la «libre determinación de la identidad de género» de las personas.
El texto, recogido por Europa Press, reconoce que el abordaje integral de la realidad de las personas trans y LGTBI, como miembros de pleno derecho de la sociedad, requería «de amplitud de perspectiva para poder corregir situaciones injustas en la vida cotidiana de muchas personas» y, en este sentido, valora la incorporación en el anteproyecto de medidas relacionadas con la «salud» y la «atención sanitaria», la «educación» o el «ámbito familiar».
«La despatologización de las personas trans, posibilitando la libre determinación de la identidad de género, la prohibición de las «terapias de reconversión» o «contracondicionamiento» dirigidas a modificar la orientación, identidad sexual o expresión de género, con independencia del consentimiento de la persona, forman parte de los derechos humanos reconocidos en el marco del Derecho Internacional y suponen notables avances en el reconocimiento y la integración de las personas LGTBI en España», recoge el dictamen aprobado por el CES.
Del mismo modo, valora «positivamente» que «por primera vez se visibilicen y consideren derechos de mujeres lesbianas, bisexuales, o trans», además de que se incluyan garantías en relación a la «protección de las víctimas de violencia de género ante un posible uso fraudulento, asegurando el cumplimiento de las penas determinadas y sin posibilidad de eludir la justicia».
CARENCIAS
Pero, a pesar de que la valoración general del Consejo es «positiva», hay algunos puntos que el dictamen señala de forma específica.
Así, el CES asegura que tiene «dudas» de que el texto remitido por el Gobierno «sea el definitivo» y señala que, en caso de que este «fuera provisional», se estaría «limitando el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación del CES».
Por otra parte, recoge la existencia de «carencias» en «el proceso de elaboración de la norma» en relación a las medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI. Desde CES critican que no se haya consultado previamente a las organizaciones sindicales y empresariales para que estas ofrecieran sus aportaciones.
«Es preciso contar con los interlocutores sociales en los diferentes ámbitos de actuación que les son propios, resultando innegable el valor que ofrece el marco del diálogo social, sin olvidar el decisivo papel que le corresponde jugar a la negociación colectiva como instrumento más adecuado para adaptar el contenido de las normas a la realidad de las empresas», apunta el dictamen.
Las personas LGTBI con discapacidad o los migrantes que pertenecen al colectivo son otros de los puntos que, a juicio del CES, merecerían «especial atención» en el texto.
Además, el Consejo llama a «perfilar mejor» el círculo de personas físicas y jurídicas legitimadas para la defensa de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las propias afectadas, en algunos procedimientos a los que se refiere el Anteproyecto; y señala la posible afectación de la regulación de este Anteproyecto a otras normas administrativas que ya contienen regulación específica tendente a sancionar las conductas discriminatorias en el ámbito de la contratación administrativa en el sector público.
