CARACAS (AP) — La crisis en el gobierno de Perú se agudizó esta semana cuando el presidente, Pedro Castillo, reformó su ejecutivo por tercera vez en seis meses y se supo que su nuevo primero ministro tuvo denuncias por violencia doméstica, lo que puso de manifiesto las dudas sobre la capacidad del neófito político para dirigir una nación.
Castillo, un maestro rural en un distrito pobre de los Andes, era un desconocido cuando entró a la carrera presidencial el año pasado, y en un primer momento su campaña se centró en la promesa de nacionalizar la crucial industria minera del país y en reescribir la Constitución para acabar con la histórica discriminación hacia los pueblo indígenas y la población vulnerable. Suavizó su retórica cuando avanzó al balotaje y sorprendió a todo el mundo cuando salió victorioso.
Los críticos advirtieron de inmediato de su inexistente experiencia política. Apenas unos meses después de asumir el cargo, mientras el país sufría como pocos por la pandemia del coronavirus, algunas de sus decisiones han ratificado las críticas. Pero también pusieron el foco sobre el disfuncional sistema político peruano en el que ningún partido tiene mayoría y es difícil impulsar nuevos programas o hacer cambios.
Castillo nombró el martes a un nuevo primer ministro y sustituyó a la mitad de los 18 miembros de su gobierno, incluyendo a los titulares de Finanzas y Exteriores. Y mientras Perú se enfrenta un importante vertido de petróleo de una refinería en su costa del Pacífico, planteó interrogantes al designar a un profesor de geografía y miembro de su partido para el cargo de ministro de Medio Ambiente.
Los cambios se produjeron tras la renuncia de la anterior primera ministra y del de Interior, que acusaron a Castillo de no actuar con rapidez contra la corrupción, un problema endémico en Perú. Ademas, se quejaron de que el líder, de 52 años, escucha a asesores dudosos.
“Una vez en el cargo, entran el juego la inexperiencia y el mal asesoramiento», dijo Cynthia Sanborn, profesora de ciencias políticas en la Universidad del Pacífico de Perú y miembro del Woodrow Wilson Center de Washington. “Castillo no solo no estaba preparado para un cargo político nacional, sino que tampoco tenía una base política o social que le brindase su apoyo ni pudo reunir a asesores y expertos capacitados en los diversos sectores que cualquier presidente necesita para gobernar».
Sanborn apuntó que Perú necesitaba un cambio social desde hacía mucho tiempo cuando Castillo asumió el pasado julio, pero él, su partido y sus aliados de izquierdas carecían de la habilidad política y la técnica para lograrlo. Como resultado, dijo, varios grupos están “rodeando al presidente y aprovechando de la situación para promover intereses privados e ilícitos”.
Todos los presidentes del país en los últimos 36 años se han visto envueltos en acusaciones de corrupción, y algunos ingresaron en prisión. Otro se suicidó antes de que la policía pudiese detenerlo.
Tras terminar primero en una lista de 18 aspirantes al cargo en las elecciones de abril, Castillo avanzó al balotaje con menos del 20% del total de los votos. Entonces derrotó a una miembro de la élite política nacional por apenas 44.000 votos y se convirtió en el quinto presidente desde 2016. Sucedió a Francisco Sagasti, quien fue nombrado por el Congreso en noviembre de 2020 luego de que el país tuviese tres jefes de Estado en una semana.
La política de las puertas giratorias ha estado presente en los gobiernos anteriores pero, según la analista Claudia Navas, de la firma Control Risks, Castillo está batiendo algunos récords.
El ministro del Interior, Avelino Guillén, dejó su cargo la semana pasada alegando que el presidente no lo había respaldado para hacer cambios en la policía para que las autoridades pudiesen ser más eficientes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El lunes, la primera ministra, Mirtha Vásquez, renunció señalando que Castillo no estaba abordando la corrupción.
Un día más tarde, Castillo remodeló su gobierno. Nombró a Wilber Supo, un profesor que como él milita en el partido Perú Libre, como ministro de Medio Ambiente en medio del peor desastre ambiental de los últimos años en el país tras el derrame de al menos 11.900 barriles de petróleo a mediados de enero.
Pero el mayor problema podría ser la elección de Héctor Valer como sucesor de Vásquez. Poco después del anuncio, se hizo público que en 2017 las autoridades concedieron una orden de protección a su esposa, quien denunció supuesta violencia doméstica, y que un año antes su hija lo había denunciado ante la policía por supuestos golpes.
Valer negó las acusaciones durante una entrevista el jueves con una emisora de radio en la que invitó a los psicólogos a evaluarlo, lo que según él descartaría su carácter supuestamente violento. “No tengo miedo”, dijo. “No soy un maltratador, no soy uno que pega”.
Castillo no se ha pronunciado sobre la situación.
Antiguos miembros de su gobierno han sido acusados también de cometer infracciones. Lo mismo ocurrió con su exsecretario privado, cuya investigación por presunta corrupción llevó a la fiscalía a hallar 20.000 dólares en un baño del palacio presidencial.
“Castillo enfrenta las crecientes presiones de los sindicatos y las organizaciones sociales que lo apoyaron y que quieren una mayor participación en su gobierno», apuntó Navas, la analista de Control Risks. “Algunos de los nombramientos para su gobierno reflejan esa presión, así como la búsqueda de un equilibrio entre responder a las demandas de sus votantes y mejorar la relación con el Congreso».
“Esta práctica no es particularmente exclusiva de Castillo sino un reflejo de los fallos estructurales del sistema político con independencia de quién esté en el poder”, agregó.
El Congreso unicameral de Perú, con 130 escaños, está profundamente fragmentado entre 10 partidos políticos y rara vez alcanza un consenso para aprobar leyes. La formación de Castillo es la más grande, con apenas 37 diputados, pero la oposición controlan los comités clave.
Las divisiones hacen muy improbable que Castillo encuentre apoyos suficientes para aprobar sus propuestas, que todavía no han sido definidas, para llevar a la práctica su promesa de crear en Perú donde “no haya más pobres en un país rico”.
Pero según los analistas, ese fraccionamiento podría ayudarle también a mantenerse en el cargo.
“Con las elecciones locales y regionales a finales de este año, los partidos tratarán de prepararse y puede que no quieran intentar ganar la presidencia en este momento», apuntó Sanborn. “Mucho depende de la intensidad del descontento público, de si hay protestas sostenidas y también de la posición que tomen los medios de comunicación».
