Cuatro ex funcionarios del ministerio público de Nayarit fueron detenidos y consignados ante la Fiscalía del estado como presuntos culpables de distintos delitos relacionados con la falsificación de la muerte de una persona con el fin de cobrar su seguro de vida.
“La Fiscalía General del Estado (de Nayarit) solicitó y ejecutó orden de aprehensión por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación delictuosa en su modalidad de pandilla; ejercicio indebido de funciones, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y extorsión, en contra de cuatro exservidores públicos de esta institución”, compartió la Fiscalía mediante un comunicado oficial.
Los detenidos fueron identificados como Janett N, Agente del Ministerio Público titular, Alfredo N, auxiliar, Miguel Ángel N, comandante; todos adscritos al municipio de Ruíz en Nayarit, así como el perito criminalista Zeus N, de Las Varas, Compostela.
En el comunicado, la Fiscalía detalla que durante su periodo como servidores públicos, los anteriormente mencionados se organizaron para documentar falsamente una carpeta de investigación, haciendo constar la muerte de Agustín N, con la finalidad de generar las condiciones para el cobro del seguro de vida del supuesto fallecido.
Quien orquestó la falsificación, explican, habría sido Alfredo N; y para el esclarecimiento de los hechos fueron recabados cerca de treinta actos de investigación, como entrevistas, dictámenes periciales, inspecciones, informes policiales, administrativos y de otras instituciones.
Los imputados, compartieron, fueron presentados el 7 de febrero ante un juez de control en el estado.
El 4 de febrero, informaron también, fueron aseguradas 203 hectáreas del predio denominado La Presa El Ingenio, del ejido La Resolana, municipio de Tepic, por los delitos de asociación delictuosa, amenazas graves, extorsión y secuestro, en contra de Ramón Roberto “N” y quienes resulten responsables. Se presume que exfuncionarios de la administración de Roberto Sandoval estuvieron implicados en los hechos.
“Según las indagatorias, los hechos sucedieron durante los primeros meses de 2017, cuando los posesionarios de las referidas parcelas fueron amenazados, violentados e intimidados para que las vendieran a exservidores públicos, quienes actuaban por medio de prestanombres y testaferros”, detallaron.
