El columnista del periódico El Universal, Mario Maldonado, publicó un artículo donde retoma las acusaciones que hicieron a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, por lavado de dinero, ante lo cual el mandatario estatal rápidamente hizo uso de su derecho de réplica.
En la columna titulada ‘Ricardo Gallardo, otra vez en el ojo del huracán’ se plantea que las denuncias que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Gallardo Cardona por el delito de lavado de dinero apuntan a reactivarse y podrían judicializarse en la Fiscalía General de la República.
Sin muchos detalles, Maldonado explica en su columna que la Fiscalía General de la República cuenta con evidencias para actuar ante las denuncias, en las que señalan, se documentan los siguientes hechos:
La descripción de un esquema por el que se desviaron 724.6 millones de pesos de recursos públicos provenientes de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí durante las administraciones de José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, respectivamente.
“Los recursos fueron enviados a tres personas morales, identificadas con los nombres de Clínica de Especialidades Wong, SA de CV; Grupo Axioma Kusuri SA de CV, e Investigaciones Médicas El Potosí, las cuales, a su vez, realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de hacer llegar esos recursos a otras compañías cuyos accionistas se identifican como miembros de la familia Gallardo Cardona.
“Entre las firmas identificadas como propiedad de los Gallardo se encuentran Distribuidora Gallardo SA de CV; Gallardo Continental SA de CV; Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios SA de CV; Tangamanga Continental SA de CV, e Inmobiliaria Joriga SA de CV. Los accionistas identificados de estas empresas, además del propio gobernador potosino, son María del Pilar Cardona Reyna (madre) y Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona (hermana).
“En total, se identificó un lucrativo negocio familiar que replicaron en sus respectivas administraciones municipales padre e hijo, y que con el paso del tiempo se iba realizando cada vez con menor cuidado, al grado de justificar las millonarias transacciones con contratos entregados a empresas que no contaban con el personal o con los insumos necesarios para prestar los servicios; se trataba de entidades empresariales identificadas como fantasma por el SAT.
Precisamente en la coyuntura actual, que apunta a una menor recaudación fiscal y menores ingresos presupuestarios, es que se buscan reactivar los expedientes contra Gallardo y su familia”, detallan en El Universal.
La réplica
Ante dicha publicación, Gallardo Cardona respondió que no existen denuncias contra su persona presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino por adversarios políticos que intentaron perjudicarlo en la víspera de la elección a la gubernatura de San Luis Potosí.
Asimismo, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera respondió en el 2017 que el gobernador no se encuentra en su lista de personas bloqueadas, en respuesta a su derecho de petición.
También dice que los delitos que se detallaron en la columna ya fueron investigados y concluidos, declarándose el no ejercicio de la acción penal.
“El sesgo de esta columna parece indicar que, de nueva cuenta, los adversarios políticos que perdieron el poder político continúan impidiendo el cambio que las y los potosinos queremos, y que usan algunos aliados en el periodismo conservador para manchar con su tinta el proceso transformador que hemos iniciado en el estado”, mencionó el gobernador.
