La ONG destaca que las atrocidades fueron cometidas entre agosto y septiembre de 2021 en Chenna y Kobo
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles que combatientes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) han sido responsables del asesinato de decenas de personas y cometieron violaciones en grupo contra mujeres y niñas en la región de Amhara en el marco del conflicto desatado en Etiopía en noviembre de 2020.
La ONG ha detallado en su informe que las atrocidades fueron cometidas entre finales de agosto y principios de septiembre de 2021 en las localidades de Chenna y Kobo, así como en sus alrededores, poco después de que las fuerzas tigrayanas se hicieran con el control de la zona tras combates con el Ejército etíope.
Así, ha manifestado que estos incidentes estuvieron marcados por unos actos de violencia y brutalidad añadida y amenazas de muerte, además de insultos étnicos y comentarios despectivos. En el caso de Kobo, las fuerzas del TPLF habrían atacado a los civiles en represalia por una resistencia creciente de residentes armados y milicias locales.
«Las fuerzas de Tigray han demostrado un desprecio absoluto por las normas fundamentales del Derecho Humanitario que deben observar todas las partes enfrentadas», ha señalado la directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, Sarah Jackson.
«Existen indicios crecientes de la comisión sistemática de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad por las fuerzas de Tigray en las zonas bajo su control en la región de Amhara desde julio de 2021. Esta actuación recurrente incluye episodios reiterados de violación sexual generalizada, ejecuciones sumarias y saqueos, incluso en hospitales», ha agregado.
En este sentido, Jackson ha resaltado que «los dirigentes del TPLF deben poner fin de inmediato a las atrocidades que hemos documentado y apartar de sus fuerzas a toda persona sospechosa de haber participado en tales crímenes».
Amnistía ha detallado que, en el caso de Kobo, los combatientes del grupo asesinaron a civiles en venganza por las bajas entre sus filas por ataques de milicias de la región de Amhara y campesinos armados, conclusiones alcanzadas tras entrevistar a 27 testigos y supervivientes.
De esta forma, diez residentes de Kobo han detallado que el 9 de septiembre miembros del TPLF ejecutaron a civiles frente a sus casas. «Primero dispararon a mi hermano Taddese (…) Murió en el acto. Mi otro hermano y mi cuñado intentaron huir y ambos fueron abatidos por la espalda y asesinados (…) a mí me dispararon en el hombro izquierdo (…) Me quedé en el suelo, fingiendo que estaba muerto», ha relatado uno de los supervivientes.
Otros doce residentes de la localidad han señalado que encontraron cadáveres de personas aparentemente ejecutadas a tiros, algunos de ellos con las manos atadas por la espalda. «Los primeros cadáveres que vimos estaban junto a la valla del colegio. Había 20 cuerpos en ropa interior tendidos delante de la valla y tres más en el recinto escolar. La mayoría presentaba disparos en la nuca, y algunos en la espalda. A los que habían muerto de un disparo en la nuca no se los podía reconocer porque les faltaba parte del rostro», ha manifestado uno de los entrevistados.
Amnistía ha apuntado que el análisis de las imágenes por satélite llevado a cabo por Evidence Lab, del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, muestra indicios de nuevos lugares de enterramiento en los terrenos de las iglesias de St. George y St. Michael, donde los residentes contaron que habían enterrado los cadáveres el 9 de septiembre.
VIOLACIONES EN CHENNA
Por otra parte, el área de Chenna, al norte de Bahir Dar, la capital de Ahmara, fue escenario de la violación de decenas de mujeres y niñas de hasta catorce años de edad por parte de combatientes del TPLF. Estos actos fueron cometidos a menudo en las casas de las víctimas después de obligarlas a darles alimentos y cocinar para ellos.
La ONG ha apuntado que «la violencia sexual fue acompañada de escandalosos niveles de brutalidad, con palizas, amenazas de muerte e insultos étnicos». De las 30 supervivientes entrevistadas, catorce han dicho que fueron violadas en grupo, algunas incluso delante de sus hijos, mientras que siete eran menores de edad.
Es el caso de Lucym de catorce años, que fue violada junto a su madre en Did Bahr. «Estaba en casa con mi madre y mi abuela cuando llegaron dos jóvenes con fusiles sobre las 11.00 horas. Uno de ellos llevaba ropa militar y el otro iba vestido de civil. Hablaban en una mezcla de tigriña y amhárico», ha relatado.
«Nos dijeron: ‘Violaron a nuestras familias y ahora nos toca a nosotros violaros’. Uno me violó a mí en el patio y el otro violó a mi madre dentro de la casa. Ahora mi madre está muy enferma, está muy deprimida y angustiada. Nunca hablamos de lo que pasó. Es imposible», ha denunciado.
Salam, de 29 años, ha reseñado que cuatro combatientes del TPLF encerraron a sus padres en una habitación y la violaron en grupo durante más de 15 horas. Muchas de las supervivientes sufren secuelas físicas y psicológicas, mientras que diez de ellas estuvieron hospitalizadas más de tres meses.
En este sentido, el personal médico que atendió a las víctimas ha señalado que dos de ellas habían sido tratadas por desgarros probablemente causados con bayonetas o fusiles introducidos en sus genitales.
Amnistía Internacional ha recordado que ya había documentado estos patrones de violación de mujeres y niñas amharas por combatientes de Tigray en Nifas Mewcha y ha añadido que ha recibido informes verosímiles de violaciones en otras partes de la región de Amhara.
En otro orden de cosas, residentes en Kobo y Chenna han denunciado que los milicianos saquearon sus viviendas y comercios y destrozado instalaciones públicas, incluidos centros médicos y escuelas, lo que impidió además que las víctimas fueran atendidas en la localidad y tuvieran que esperar semanas para poder recibir atención hospitalaria en otras zonas de la región.
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
«Estas atrocidades vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una actuación rápida por parte de la comunidad internacional para investigar los abusos cometidos por todas las partes, obligar a los responsables a rendir cuentas y garantizar los derechos de las sobrevivientes», ha afirmado Jackson. «La comunidad internacional lleva demasiado tiempo defraudando a las víctimas y sobrevivientes de crímenes del Derecho Internacional en Etiopía», ha agregado.
«Naciones Unidas y la Unión Africana deben enviar equipos de investigación pertinentes a la región. La comisión internacional de expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diciembre, también debe ser autorizada a comenzar su trabajo y obtener cuanto antes permiso de entrada al país», ha zanjado.
La organización no gubernamental ha resaltado que el asesinato de civiles o combatientes capturados constituye un crimen de guerra y un posible crimen de lesa humanidad, al igual que las violaciones por parte de los combatientes del TPLF, que por ahora no se ha pronunciado sobre el informe de Amnistía.
El conflicto en Etiopía estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.
