Los abusos y la violencia en contra de las niñas y mujeres de la región de La Montaña de Guerrero sigue siendo un asunto cotidiano. Los médicos y el personal del hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo se negaron a practicarle el aborto a una niña de diez años el 14 de febrero, a pesar de que sus familiares presentaron un oficio del Ministerio Público para la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con los testimonios, la menor, quien vive con sus abuelos por su condición de orfandad –pues sufrió abandono por parte de su padre y su madre fue víctima de feminicidio– habría sido violada por su primo de 12 años de edad.
La consecuencia de dicho abuso fue el embarazo, por lo que los familiares acudieron a una agencia del Ministerio Público Especializada de Justicia Penal para Adolescentes, donde se les autorizó la interrupción legal del embarazo, por la presunta violación de la menor.
Sin embargo, en el hospital en lugar de practicarle el aborto a la menor de origen me’phaa y habitante del municipio de Acatepec; el personal regañó a los afectados y solo le realizaran un ultrasonido a la menor, sin que le dieran la atención necesaria a la niña o informaran sobre los riesgos que el embarazo implicara para su salud.
Asimismo, indicaron que en el nosocomio les pidieron dar seguimiento al embarazo y les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a volver cada mes para una revisión.
Salud se lava las manos, y siempre sí
Luego de que el caso se hiciera mediático, la Secretaría de Salud de Guerrero, emitió un comunicado en el que asegura que a la paciente y a su tía “se le brindó información objetiva y veraz sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo”, lo que contrasta con los testimonios de los familiares.
La dependencia estatal agregó que el miércoles 16 de febrero se recibió a la niña en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense para realizarle una nueva valoración, donde se estableció que se realizará la interrupción del embarazo de la menor en la unidad de cuidados intensivos del nosocomio.
#Comunicado Con relación a la menor de edad embarazada, la Secretaría de Salud informa: pic.twitter.com/1W0IuMpBXm
— Salud Guerrero (@SSaludGro) February 17, 2022
Cabe señalar, que la menor se encuentra cerca de las 12 semanas de embarazo, el límite máximo para considerar la interrupción legal. Por lo que retrasar el legrado, además de violar sus derechos, pone en riesgo su integridad.
Por otra parte, si el embarazo hubiese continuado como lo indicó el personal del hospital Raymundo Abarca, la vida de la menor también estaría en riesgo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal. Mientras que el embarazo en niñas y adolescentes representa riesgo como infecciones, roturas prematuras de membranas, partos prematuros y mortalidad materna.
El discurso vacío de Evelyn
Desde que asumió el cargo de gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ha reiterado que la violencia en contra de las niñas y mujeres de la región de La Montaña de Guerrero, es una prioridad y que no sería permitida durante su gobierno.
En noviembre de 2021, Salgado Pineda se presentó en el municipio de Tlapa para anunciar la “Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de La Montaña y Costa Chica”.
En Tlapa, celebramos la firma de la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, compromiso interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, legisladores, activistas y la comunidad guerrerense. pic.twitter.com/w1QCCVJ5Hb
— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) November 10, 2021
Sin embargo, tras cuatro meses del anuncio, el gobierno estatal sigue sin transparentar los recursos de dicha estrategia, y tampoco se han implementado acciones concretas para atacar las condiciones de violencia y abuso que viven las mujeres de La Montaña en Guerrero.
En diciembre de 2021 trascendió que Guerrero fue la primera entidad en todo el país que no entregó evidencia alguna sobre el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a Salgado Pineda a cumplir con las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, y a no seguir con la omisión.