CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Dos abogadas detenidas en Guatemala a petición de la fiscalía por hacer peticiones a una jueza denunciaron el viernes que fueron víctimas de agresiones en una audiencia por parte de dos hombres que las denunciaron y que acompañan al Ministerio Público contra su caso.
Las agresiones ocurrieron a la vista de la fiscal Vilma Pérez y de Pedro Hernández, que investigan la causa y no intervinieron.
“La audiencia ha sido suspendida. Hemos sido víctimas de las agresiones de los titulares de la Fundación contra el terrorismo (Raúl Falla y Ricardo Mendez Ruíz). Casi nos agreden físicamente. El tema pasó de insultos a casi los golpes”, denunció ante la prensa Leydi Santizo, abogada de Siomara Sosa, exfiscal del MP.
La Fiscalía las acusa a ambas porque al realizar una petición a una jueza para un caso y que está accediera, habrían cometido obstrucción a la justicia. El caso está bajo la reserva del juez, por lo que no se puede ahondar en detalles.
El juez Geisler Smaille Pérez, que conoce la causa, suspendió la audiencia de primera declaración —que según la ley debe realizarse en 24 horas— para la próxima semana, con lo que las abogadas suman ya dos semanas en prisión.
“No solo nos están criminalizando, sino ahora con agresiones nos pretenden callar”, dijo Santizo.
Santizo laboró para la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en representación de ese organismo de Naciones Unidas participó en varios procesos y juicios que derivaron en condenas a varias personas acusadas de corrupción. Sosa es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Durante 12 años, la CICIG colaboró en la investigación de casos de corrupción en el país centroamericano, donde junto con FECI desarticularon a más de 60 estructuras del crimen organizado y lograron condenas a más de 400 personas por delitos de diversa índole, incluyendo casos de corrupción. La CICIG contaba con investigadores y abogados nacionales y extranjeros que aportaban y participaban en los procesos judiciales.
En 2019 el entonces presidente Jimmy Morales se negó a renovar el mandato por dos años más de la comisión, que previamente había investigado y acusado a su hermano e hijo de delitos de fraude. Tras la salida de la CICIG del país, sus dos familiares fueron absueltos.
Ambas abogadas dijeron a periodistas que temen por su integridad.
