Los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Contraloría de Michoacán, Carlos Torres Piña y Azucena Marín, informaron que el 16 de febrero se presentaron seis denuncias penales contra de 11 ex funcionarios del gobierno anterior; así como un particular de una empresa privada, por manejos irregulares en el gasto público, por un monto de cinco mil millones de pesos.
Entre los probables delitos que se cometieron en contra del del estado de Michoacán que Marín detalló, destacan el enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido de las funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y lavado de dinero.
La secretaria de Contraloría indicó que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Marín Correa, aclaró que aún mantienen secrecía con respecto a las investigaciones; no obstante, agregó que se trabaja en otras 18 denuncias en contra de servidores públicos, por presuntos manejos irregulares, principalmente en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.
Asimismo, la contralora explicó que con las denuncias del gobierno estatal y las que se han recibido, se acumulan 148, las cuales implicarían –aunque los nombres se repitan– a 37 funcionarios públicos.
La funcionaria no reveló nombres y fue cuestionada sobre si alguna de las denuncias correspondía al exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles; por lo que Marín Correa aclaró que las denuncias eran en contra de los servidores públicos.
Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció esquemas de corrupción en distintos cuarteles de policía del estado durante el gobierno de Aureoles.
En tanto que en enero de 2022 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del exgobernador por presuntos actos de corrupción durante su mandato entre 2015 y 2021.
