Luego del caso Tadeo -cuerpo de un menor exhumado ilegalmente en un panteón de la Ciudad de México y hallado en un penal de Puebla- autoridades capitalinas anunciaron que vendría un cambio en el reglamento de cementerios de esta entidad, cuyos lineamientos fueron revelados este martes.
El reglamento consta de varias aristas entre los que destacan los requisitos con los que deberán contar los responsables de los panteones y crematorios -que también se regularán- que van desde escolaridad mínima de nivel bachillerato hasta un examen de control de confianza que deberá ser aprobado.
La seguridad será reforzada y en esta materia habrá control de accesos con registros de visitantes y cámaras de videovigilancia conectadas al C5 las 24 horas, los 365 días del año para su monitoreo.
Asimismo, se habilitará un sistema de registro tanto digital como físico para control de inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, restos en el Memorial y reinhumaciones.
Costos y responsabilidad
Sobre los costos, establecerán tarifas máximas -tanto para civiles como concesionarios- que serán autorizados por el gobierno capitalino.
Las principales responsables de hacer cumplir el reglamento serán las alcaldías en tanto otras instituciones también serán involucradas como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para visitas de verificación administrativa.
En esta línea, se crea la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios, cuyo objetivo será coordinar, vigilar y dar seguimiento a la correcta implementación del Reglamento.
Sanciones penales
Para lograr un mayor alcance del reglamento, las autoridades contemplan una iniciativa para reforma el Código penal local y en esta materia endurecer las penas que están vigentes.
Exhumar, ocultar, destruir o sepultar personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley pasará de una máxima de dos años a ocho años. Así como violar o profanar sepulcros o restos humanos aumentará de cinco a ocho años, como máximo.
En este sentido, contemplan una adición al tipo penal para quien ilegalmente distribuya, comercialice o transporte, sin autorización, personas fallecidas, partes o restos humanos áridos, con penas de cinco a diez años de prisión.
Las autoridades tienen contemplada una semana para publicar el documento -a no ser que alguna de las instituciones involucradas se oponga- y prevén que la iniciativa se envíe la próxima semana al Congreso local.
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